Contralora señala pagos indebidos en la Junta de Calidad Ambiental
Un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló pagos indebidos en la nómina y la administración del personal de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).
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Asimismo, el documento indica que en la JCAexisten irregularidadesen las operaciones de los vehículos de motor oficiales.
En esta línea, el informe de seis hallazgos revela pagos indebidos de $13,013 por la liquidación de excesos de balances de licencia de vacaciones a empleados que al presente, se separaron del servicio. Asimismo, se indicó que los Reglamentos de Personal para el Servicio de Carrera y para los empleados de confianza llevaban 28 y 30 años respectivamente sin ser revisados y actualizados.
La auditoría que realizó la Contralora señala también la falta de controles en las operaciones de los vehículos de motor oficiales. Al 31 de diciembre de 2015, la JCA contaba con 146 unidades de vehículos adquiridos por $3.7 millones según la información provista por la Administración de Servicios Generales (ASG). Sin embargo, el Informe de Vehículos de la Junta establecía que eran 136.
Sobre este particular también se identificaron otras faltas de control como el uso de tarjetas de crédito para la adquisición de combustible de vehículos dados de baja, tarjetas extraviadas o el uso de talleres de mecánica no contratados por la ASG.
Por su parte, la directora de Calidad Ambiental, TaniaVázquez, aseguró que, 'Desde enero de este año, cuando comencé a administrar la Junta de Calidad Ambiental, aseguré a todos los empleados que establecería una política de transparencia, servicio y siguiendo los estatuto de la agencia. A casi cuatro meses de eso, así lo hemos cumplido. He designado a personal especializado para atender las situaciones en la agencia y evitar señalamientos. Los hallazgos revelados por la Oficina de la Contralora fueron bajo otra administración en el 2015; no bajo esta, que estoy segura no sucederán'.
'Continuaremos trabajando para cumplir con las auditorías de la Contralora y seguir siendo la agencia reguladora de las leyes de la política ambiental del Gobierno de Puerto Rico', aseguró, por último, Vázquez.