La petición de la defensa legal del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) para extender la orden de entredicho provisional emitida el primero de mayo para que se cesa y desista de impedir el acceso a la sede de la financiera en la avenida Muñoz Rivera fue denegada hoy, miercoles, por la juez Lauracelis Roque Arroyo.

En concordancia con estas declaraciones, se celebró en el tribunal de San Juan la vista sobre el recurso de interdicto preliminar que radicó BPPR contra ocho individuos que supuestamente cometieron actos de vandalismo contra el edificio central de la institución durante el Paro Nacional del 1 de mayo. La juez argumentóque las circunstancias que dieron lugar a la expedición del recurso ese día son distintas a las del presente, por lo que no encontró razón para conceder la petición de la abogada del BPPR, María Dolores Trelles.

Sin embargo, Roque Arroyo dio paso a otra solicitud de la parte demandante para emplazar por edicto a cuatro de los ocho imputados pues estos no pudieron ser emplazados formalmente en los pasados días. Estos son Jorge Santana Valentín, Carlos Farmer del Toro, Ian Camilo Cintrón y Scott Barbés.

Este particular establece que como acto consecuente proceda la publicación de una especie de aviso de demanda en los medios de comunicación impresos, procedimiento en el que la parte demandada tendrá 30 días para contestar la demanda en su contra.

Durante la vista, Dolores Trelles defendió su petición en miras del BPPR,para extender la orden de entredicho provisional al sostener que la institución financiera forma parte de un patrón de vandalismo por personas no identificadas que han causado daños contra las estructuras físicas de distintas sucursales. En ese sentido, la letradasostuvo que manifestantes han reportado daños en una sucursal en Mayagüez, otra en Comerio y otra – que no identificó – que recibió un impacto de bala.

Los abogados de defensa, Federico López y Esteban Mujica no emitieron contraargumentos durante el procedimiento. No obstante, reconocieron el señalamiento de la juez sobre la presencia de un menor entre los acusados cuya identidad sería protegida en el transcurso de los procedimientos.

La demanda surge tras los alegados actos de vandalismo ejecutados contra la sede de BPPR en la avenida Muñoz Rivera el 1 de mayo en la que una decena de cristales fueron estallados. La misma fue objeto de críticas contra el banco por someterse pocas horas después de suceder los hechos, mientras las manifestaciones y el uso de fuerza por las autoridades continuaba en la milla de oro.

Por su parte el presidente de BPPR, Richard Carrión, admitió en entrevista con Noticentro que tenían la demanda lista ese día en anticipación a posibles actos vandálicos contra ellos.