El Tribunal Supremo de Puerto Rico falló en contra del Municipio de Ponce y emitió una orden final y firme para que la alcaldesa María 'Mayita' Melendez Altieri divulgue los nombres de los empleados contratados en violación a una ordenanza que le impedía hacerlo.

El Supremo, por tercera y última ocasión, sentenció que Meléndez Altieri deberá cumplir con el dictamen tras la petición del portavoz del PPD en la Legislatura Municipal de Ponce, Luis Irizarry Pabón.

'Se le acabaron las oportunidades a la alcaldesa de seguir insistiendo en no dar la información. Se trata de informar los nombres y no los expedientes, es lo que hemos insistido y tuvimos que recurrir al tribunal para que se nos entregue la información de los contratos ilegales', reiteró Irizarry Pabón en declaraciones escritas.

Explicó que la reiteración del máximo foro judicial obedeció a una segunda petición de reconsideración por parte del Municipio de Ponce.

El panel del Supremo que intervino estuvo integrado por los jueces Rafael Martínez Torres, Edgardo Rivera García y Ángel Colon Pérez.

La determinación del máximo foro judicial sostiene el dictamen previo del Tribunal de Apelaciones que había ordenado a Meléndez Altieri proveer el acceso a expedientes de los empleados municipales y a los nombres de los contratados ilegalmente durante el período del reajuste de la jornada laboral que llevó a la mitad el horario de los trabajadores del Municipio de Ponce. El documento reconoce el derecho de Irizarry Pabón, como legislador municipal, a tener acceso a la información reclamada.

La Ordenanza Municipal Número 50, Serie 2012-2013, dispuso la reducción de la jornada laboral a los empleados municipales y el reajuste de un 10 por ciento al salario del personal de confianza, jefes de agencias e incluso la propia alcaldesa. Asimismo, dispuso, que el gobierno de Meléndez Altieri no puede contratar personal de confianza hasta que se normalice la jornada de trabajo de los empleados regulares.

Irizarry Pabón dijo que desde que descubrió las supuestas contrataciones ilegales, hace un año, Meléndez Altieri ha evadido acatar órdenes judiciales previas y decidió buscar amparo en el Tribunal Supremo.

Los jueces del Tribunal Supremo mantuvieron que en la petición de Irizarry Pabón 'por ser información pública', no se ha demostrado que cause perjuicio a parte alguna por lo que el Municipio está obligado a proveer, a toda persona que lo solicite, los datos básicos de su nómina, entiéndase los nombres de cada empleado o funcionario municipal, junto a su compensación o sueldo real, puesto o cargo que ocupa, departamento o dependencia al que está adscrito el puesto, así como el cargo función que realmente desempeña y la dependencia en la cual lo hace. Asimismo, se rechaza el argumento de Meléndez Altieri de que con su oposición protege el derecho de confidencialidad del empleado contratado.

Irizarry Pabón ha insistido que la información requerida era necesaria para corroborar que el Municipio Autónomo de Ponce y su alcaldesa están cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de Ética Gubernamental y de la Ley de Municipios Autónomos sobre contratación de empleados, y las disposiciones de la Ordenanza 50.

Los tribunales entienden que el derecho de los ciudadanos de examinar la información en poder del Estado es un corolario necesario del derecho a la libre expresión que dispone el Artículo 2, Sección 4, de la Constitución del Estado Libre Asociado'. De igual forma sustentan que el acceder a la información en poder de un municipio está reconocido expresamente en el Artículo 8.017 de la Ley de Municipios Autónomos.

Los documentos que Irizarry Pabón ha solicitado al Municipio son los siguientes:

(a) – Informe detallado sobre la cantidad de empleados que laboran en el Municipio, específicamente de carrera, confianza, transitorios, irregulares, de cualquier convenio o ley aplicable a nombramiento de empleado de los años fiscales 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16.

(b) - Registro de Contratos Mensual de la Oficina del Contralor de los años fiscales 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16.

CyberNews solicitó una reacción a la oficial de prensa pero su oficial de prensa confirmó la información pero no ofreció una reacción al respecto.

Responde la alcaldesa

La alcaldesa de Ponce, María 'Mayita' Meléndez, expresó hoy que difiere de la determinación del Tribunal Supremo que ordena al Municipio la entrega de expedientes de los empleados a un legislador municipal de minoría, asegurando que su motivación siempre fue defender la confidencialidad de la información del personal.

'Difiero de la decisión tomada hoy y nuevamente reitero que defendimos los derechos de nuestros empleados hasta el final. Condeno la acción del legislador de minoría, quien desde los inicios del proceso ha estado impulsada por la politiquería, la cual no debe tener espacio en momentos históricos donde estamos trabajando para transformar nuestro pueblo', expresó la alcaldesa.

'Resulta preocupante por demás que los empleados que dice el legislador de minoría que atiende con su reclamo ni siquiera los hizo formar parte de este pleito en el que se pretende revelar su información confidencial, que pudiera violar los derechos civiles de los mismos', insistió.

Meléndez Altieri señaló que respeta la voluntad del más alto foro judicial y ahora procede devolverse el caso a autos y continuar con los procesos.