La Oficina de Ética Gubernamental impuso una multa de $40,000.00 a la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto tras concluir que violó la Ley de Ética Gubernamental al presionar a los empleados municipales a participar en actividades políticas y hacer aportaciones económicas durante la pasada contienda primarista.

Soto se disputaba junto a otros cinco aspirantes la candidatura del PNP a la alcaldía de Canóvanas, por lo que convocó, durante horas laborables al personal el municipio a una reunión en el comité municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) donde solicitó y presionó al personal municipal para que asistieran a las actividades de su campaña.

Durante una reunión en horas laborables con la asistencia obligatoria de empleados municipales Soto les exigió que estos tenían que asistir a los 'viernes de comités' y cooperar con la recaudación de fondos para su campaña.

Según el documento de la OEG Soto utilizó un tono intimidante, para manifestarle a los empleados, que, si ellos no tenían compromiso con ella, esta no tenía que tener compromiso con ellos. Les advirtió que si ella no ganaba las elecciones no había garantía de trabajo para ellos.

'Yo sé en dónde voy a estar si yo pierdo las elecciones. Y ustedes: saben en dónde van a estar?', les preguntó Soto a los asistentes en la reunión.

Se señala además que, como resultado de las expresiones de Soto, los empleados percibieron que sus empleos estaban amenazados y que la renovación de sus contratos estaría condicionada a si apoyo a la campaña política de esta.

'Las expresiones de la alcaldesa Soto Villanueva dejaron en los empleados la incertidumbre sobre sus empleos en el Municipio de Canóvanas si no participaban de las actividades organizadas por el comité municipal del PNP en Canóvanas', dice el documento de la OEG.

En esta línea, también se menciona en la resolución de OEG que Soto no renovó contratos en represalia por no asistir a las actividades políticas denominadas como 'viernes de comités'.

La OEG concluyó que Soto Villanueva violó los incisos (k), (m) y (s) del artículo 4 de la Ley de Ética Gubernamental que prohíbe que un servidor público, mientras se encuentra en sus funciones de trabajo, utilice su cargo para promover intereses políticos electorales ni pedir a otros servidores aportaciones económicas para actividades políticas.

De acuerdo a la oficial examinadora del caso, Vilma L. Vega, los hechos de este caso no tratan de una exigencia de una cuota político-partidista, pero sí de una exigencia de participación y colaboración económica a servidores públicos con una incertidumbre laboral por ser de carácter transitorio o de confianza en el municipio.

'Las actuaciones de la querellada pusieron en duda la imparcialidad y la integridad de la función gubernamental del Municipio de Canóvanas. La querellada es la máxima autoridad (las actuaciones) dirigidas a conseguir el apoyo de los empleados para su campaña política, arrojaron duda sobre el proceso de evaluación que utilizaría la querellada al momento de tomar la decisión de renovar los nombramientos', concluye la oficial examinadora en su resolución a la OEG.

Soto Villanueva tendrá 30 días para pagar la multa de $40 mil a partir del 8 de junio, fecha en que se notificó la resolución de la OEG.

Resolución de OEG _25602