El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, anunció el lunes que estará enviando a la Asamblea Legislativa un proyecto para eliminar la aportación gubernamental al Fondo Electoral del cual los partidos políticos se benefician para costear gastos administrativos.

'El presupuesto para el próximo año fiscal no contempla las asignaciones a los partidos políticos por concepto del Fondo Electoral. En el día de hoy, estamos enviando legislación para enmendar la Ley 222-2011 para que se refleje ese cambio de política pública de mi Administración', sostuvo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley 222-2011, dispone la asignación de 400 mil dólares en años no eleccionarios y 600 mil dólares en años eleccionarios para gastos administrativos para cada partido político. Esa cantidad representaría un gasto de 1.2 millones de dólares este año y más de 1.6 millones de dólares en el año 2016, aseguró.

'El presupuesto que está siendo evaluado se ha enfocado en proteger y asegurar que los servicios del Gobierno a los más vulnerables se continúen ofreciendo. En estos momentos de sacrificios para todos y de crisis fiscal, no existe justificación para que el Gobierno subsidie a los partidos políticos en sus gastos administrativos. El sacrificio y las eficiencias que estamos logrando tienen que reflejarse en todos los gastos del Gobierno', concluyó el primer mandatario.

Juan Dalmau aplaude iniciativa pero dice es insuficiente

'La iniciativa va en la dirección correcta, pero se queda corta. Hay que ir más lejos. Si realmente se quiere responder a la realidad de la crisis económica y fiscal actual del país, no sólo se debe eliminar el Fondo Electoral, sino que se debe eliminar también el multimillonario sistema del pareo para el financiamiento de las campañas políticas y el subsidio de transportación de electores en eventos electorales', subrayó el también secretario general y excomisionado electoral del PIP.

'Más aún, es importante acompañar estas medidas con otras. Por ejemplo: 1) reducir y restringir las contribuciones privadas de individuos y corporaciones a partidos y campañas políticas; 2) prohibir a contratistas o miembros de las juntas directivas de empresas contratantes con el gobierno donar dinero a partidos y candidatos; 3) se tiene que reducir el periodo de campaña electoral en los medios de comunicación; 4) utilizar el sistema de radio y televisión pública -WIPR- como medios de orientación e información programática de los partidos a la ciudadanía', expresó.

'Si no se adoptan todas estas medidas restrictivas no sólo será muy limitado el ahorro de fondos públicos, sino que, además, el partido de gobierno recibirá -sin fiscalización ni restricciones- aportaciones exorbitantes del inversionismo político, que es el germen de la corrupción gubernamental', concluyó el portavoz senatorial del PIP.