Sube de tono la campaña electoral en Guaynabo. A dos semanas de la votación especial para que electores novoprogresistas escojan al sustituto de Hector O'Neill García, sale a relucir una demanda por acoso sexual que le imputa a Ángel Perez negligencia en el manejo del caso, ocurrido en sus oficinas cuando era representante.

Pérez aseguró que manejó adecuadamente el caso de acoso entre empleados de su oficina legislativa, y señaló a miembros de la campaña de su opositor, Carmelo Ríos, como los responsables de que este asunto saliera a la luz pública para afectar su candidatura.

'Aquí la gente me conoce. Sabe que yo siempre he dado el frente, he dicho la verdad y actúo en cumplimiento con los reglamentos y las leyes. Es muy lamentable que a dos semanas de una elección especial se tenga que recurrir a este tipo de estrategia que es de esos estilos viejos que ya la gente está rechazando, y eso es lo que vamos a ver el 5 de agosto, un rechazo a esos estilos', denunció Pérez en entrevista con NotiCel.

El caso despierta el fantasma de acoso sexual que provocó la salida forzosa de O'NeillGarcía luego de 24 años al frente de la poltrona municipal en medio de investigaciones criminales y administrativas por hostigamiento sexual. Pérez dijo que su caso es muy distinto porque actuó conforme al protocolo establecido para proteger a la víctima; razón por la cual sostiene no figuró como demandado en el Tribunal federal.

'Yo sabía por lo que estaba pasando y había que protegerla', acotó el hoy aspirante a dirigir la alcaldía de Guaynabo. Insistió en que en todo momento se actuó correctamente cumpliendo con los protocolos de la Cámara de Representantes.

Pérez aseguró que inmediatamente la víctima le comunicó el patrón de acoso sexual, atendió el asunto de acuerdo con los protocolos establecidos en ese cuerpo legislativo. Acudió a la Oficina de Recursos Humanos y separó a ambos empleados de su entorno de trabajo. Explicó que envió a otra oficina 'en otro edificio' a su director de oficina y asistente especial, Ismael Bonilla Hernández, para que no existiese ningún tipo de interacción con la víctima.

Según la demanda federal, al ser notificado del patrón de acoso, Pérez no orientó debidamente a la víctima ni atendió el asunto hasta un año y medio después, tiempo en el que el patrón de acoso continuó. La demanda se transó durante la presidencia de Jenniffer González.

'Es lamentable escuchar esas expresiones. Los abogados cuando redactan sus demandas relatan utilizando estrategias para beneficio de su cliente. Si vamos a los hechos aquí se actuó correctamente porque una vez ella me trae eso a mi atención de inmediato yo voy a la oficina de recursos humanos con ella y con el abogado de nuestra oficina, el Lcdo. Raúl Santiago, para que se comience el proceso de orientación e investigación. Eso es lo correcto en el protocolo', insistió.

La demanda federal relata que el entonces representante despidió a la víctima. Aunque admitió que fue despedida, aseguró que las razones no estuvieron relacionadas con sus denuncias de acoso sexual contra el director de la oficina legislativa. Pérez indicó que se debió a señalamientos de la Oficina del Contralor, y que fue a petición de esta.

'Son dos casos distintos y totalmente aislados. Yo recibí un informe del contralor y a esos efectos hubo unos señalamientos y me senté con el director de la oficina, Hugo Pérez, y la empleada para explicarle la gravedad de los señalamientos y le di la opción de si quería renunciara, pero ella me solicitó por favor se despidiese para poder colectar', detalló.

A solo horas de que saliera a la luz la demanda federal, desconocidos incluyeron el incidente de acoso sexual en la página de Pérez Otero enWikipedia, bajo el renglón de 'escándalos políticos'. Indica la vinculación de Pérez a la demanda federal y el despido a la víctima. También mencionan que el caso, en la que la víctima pedía una indemnización de $6 millones a la corte, culminó en un acuerdo transaccional por la entonces presidenta cameral.

De otra parte, el Movimiento en Protección y Dignidad de la Mujer exigió a la procuradora interna de la Mujer, Carmen Lebró,n que se exprese y repudie el caso para demostrar que esta administración es consistente con su política pública contra la violencia de género.

Sin mencionar el nombre del exalcaldeO'Neill, laportavoz de grupo, RoxannaSantiago, dijo estar indignada con lo que llamó la doble vara del gobierno.

'Si este gobierno verdaderamente es promotor de una política contra la violencia de género, no se pueden permitir y mucho menos apoyar a alguien que esté implicado directamente en un caso de clara violencia contra la mujer... Nos causa indignación, la doble vara de quienes denuncian este tipo de maltrato y se convierten en protectores de los agresores', expresó Santiago en declaraciones escritas.