La contralora, Yesmín Valdivieso informó el viernes que se emitió una opinión favorable con excepciones de las operaciones fiscales del Municipio de Trujillo Alto relacionadas con el manejo y control del presupuesto operacional, la construcción de obras y mejoras permanentes, las compras de bienes y servicios, los contratos y las demandas, entre otras.

'El informe revela deficits acumulados en el Fondo Operacional de 1.7, 5.3, 5.3, 4.3 y 4.8 millones de dólares desde el 2012 al 2016 respectivamente. Además, en los presupuestos de los años fiscales 2014, 2015 y 2018, el municipio no consignó los creditos necesarios para disminuir los deficits corrientes según dispone la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos y el Reglamento para la Administración Municipal', indicó la funcionaria en declaraciones escritas.

Valdivieso precisó que la auditoría M-18-10, de nueve hallazgos, señala que sin contar con los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos, el municipio comenzó a construir el Parque Icono La Cascada, la Casa de la Cultura y baños en la Cancha de Arrayanes. Además, a los contratistas, no se le exigieron las finanzas y pólizas requeridas lo cual dejó sin garantías al Municipio en caso de que estos no terminaran la obra.

'Nuestros auditores identificaron que se contrató por 164,000 dólares a un ingeniero para diseñar unos planos de construcción de un estacionamiento, una calle de un parque pasivo y una pista de andadura y montura, que no tuvieron utilidad ya que el municipio no contaba con los fondos ni pudo adquirir los terrenos', explicó la contralora.

Además, precisó que según la auditoría se fraccionó la contratación de servicios de limpieza y el mantenimiento de áreas verdes para evitar el procedimiento de subasta pública. Este tipo de acción impide la libre competencia, la disposición de alternativas y la selección de las mejores ofertas.

Agregó que 'contrario al Reglamento 33, se registraron hasta dos años despues de ser otorgados, 115 contratos y 198 enmiendas en la Oficina del Contralor. El Municipio tampoco remitió al Gobernador, ni a la Asamblea Legislativa, ni a la Oficina del Contralor el Informe Anual sobre el Estado de Privatizaciones según dispone la Ley 136-2003'.

De otra parte, señaló que el informe comenta las medidas tomadas por el alcalde y la Legislatura Municipal en el 2015 para atender la crisis fiscal de Trujillo Alto. Además, al 30 de marzo de 2017 estaban pendientes de resolución por los tribunales 29 demandas civiles presentadas contra el Municipio por 20.5 millones de dóalres.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.