En una vista pública de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central, presidida por el representante Michael Abid Quiñones Irizarry, la Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental del Departamento de Salud (DS), Mayra Toro, denunció, el lunes, que la administración del Municipio de Lares, hasta el momento, no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones para que la agencia pueda levantar la orden de cierre del cementerio municipal.

'En el expediente no hay evidencia que el municipio haya hecho gestiones o trámites con relación a las observaciones y recomendaciones que se le hicieron en el 2017', sentenció Toro en declaraciones escritas.

La funcionaria informó que, luego del paso del huracán María en el 2017, la agencia ordenó el cierre del cementerio el 5 de octubre del mismo año, para efectos de realizar enterramientos y permitir la visita del público debido a que representaba un peligro de salubridad y seguridad.

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'Esto porque el 70 por ciento de las fosas habían sufrido daños permanentes y los ataúdes así como las osamentas de exhumaciones previas habían quedado expuestas, además de que parte del terreno sufrió un deslizamiento hacia la quebrada Los Muertos', describió.

'Luego de que se le envió al alcalde Roberto Pagán Centeno las recomendaciones para atender la situación de emergencia que le requería identificar las fosas y los restos que cedieron ante el deslizamiento de terreno, avisar a los familiares y buscar terrenos alternos para la reubicación del cementerio, tampoco se cumplió con los requerimientos para levantar el cierre de las instalaciones', continuó la funcionaria.

Relató que para el 11 de septiembre del 2018, el Departamento de Salud emitió una nueva comunicación, en contestación a la petición de Pagán Centeno de autorizar trabajos de reacondicionamiento en el cementerio municipal, siempre y cuando obtuvieran la autorización de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Hasta el presente no ha entregado los documentos solicitados ni han cumplido con las recomendaciones del DS.

'Incluso el encargado del cementerio, Melvin Robles, aceptó a preguntas de los legisladores, que se han hecho enterramientos en los nichos y no se han tomado las medidas para evitar que el público entre al camposanto, al indicar que he recibido amenazas de las personas', sostuvo Toro.

'El acceso es a los funcionarios que iban a llevar a cabo el proceso de mitigación del terreno y la exhumación de los cadáveres para ser trasladados a otra parte, pero no al público en general. No se puede permitir porque hay un riesgo real, no solo de salud pública sino de seguridad', señaló Toro, quien indicó que el documento del 11 de septiembre le advertía al municipio que la violación de la orden emitida, podía conllevar sanciones administrativas por parte del DS.