Como un sistema «injusto», describió la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, la doctora Mabel López Ortiz, el referido del Departamento de la Familia (DF) a cuatro de sus funcionarios que intervinieron en el caso de Jeiden Elier Santiago Figueroa, el niño de ocho años que murió a manos de su padre el 9 de agosto pasado.

López Ortiz basó su postura en el hecho de que los funcionarios del DF carecen de recursos suficientes para llevar a cabo sus labores.

«[N]os parece que el Sistema Gubernamental es injusto cuando criminaliza a profesionales que enfrentan la falta de recursos que estructuralmente son necesarios para ofrecer servicios de calidad y accesibles a la ciudadanía, especialmente los sectores más empobrecidos. Situación que el propio Estado ha creado con los recortes a los servicios esenciales, falta de recursos y falta de sistemas organizados y con procesos de coordinación que beneficien a la ciudadanía», sostuvo en declaraciones escritas.

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«Parece ser que la niñez y la juventud no representan prioridad para nuestro gobierno y que el subterfugio de suspender funcionarios como medida a solucionar el grave problema de protección infanto-juvenil es la solución. Una vez más “la soga parte por lo más finito” y no se atienden los problemas estructurales que terminan en las noticias tan nefastas como la que lamentablemente experimentó Jeiden», argumentaron también.

El Colegio busca conocer el análisis realizado por la agencia para explicar y actuar sobre como las condiciones de empleo de los Profesionales del Trabajo Social y otros que laboran en esta agencia se van a mejorar para que estas situaciones no continúen pasando.

La secretaria del DF, Carmen González Magaz, por su parte, dijo ayer que no revelaría mayores detalles para no afectar la investigación.