El proyecto de reforma contributiva federal que evalúa el Congreso de los Estados Unidos, según redactado, impactará catastróficamente más de 70 mil empleos bien remunerados y más del 35 por ciento del presupuesto gubernamental de Puerto Rico.

Así lo manifestó hoy el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Rodrigo Masses.

El pasado 2 de noviembre el Comite de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes federal presentó el proyecto legislativo HR 1, conocido como el 'Tax Cuts and Jobs Act', que constituye una propuesta para la reforma del Código de Rentas Internas federal.

El proyecto busca, entre otras cosas, atraer actividades de manufactura hacia los Estados Unidos y como consecuencia de dicha iniciativa recibirá los ingresos, la producción y la generación de trabajos de empresas norteamericanas que, por razones primordialmente contributivas han mantenido sus operaciones fuera del país, apuntó el titular de los Industriales.

'Como alertó la AIPR entonces, las disposiciones que el Congreso utilizó para fomentar ese resultado fueron demasiado abarcadoras. Al pretender 'desincentivar' actividades de manufactura fuera de EE.UU. se ataca tambien a las actividades de manufactura llevadas a cabo dentro de Puerto Rico. Al no tomar en cuenta la realidad jurídica, social y económica de que Puerto Rico es una jurisdicción con una plena integración con EE.UU. y en la cual estas compañías son las responsables de la generación de unos 70 mil empleos americanos directos y sobre 200 mil indirectos y aproximadamente 35% de los recaudos contributivos de la Isla, el proyecto presenta un gran peligro a nivel local', expresó Masses.

En particular, destacó que las secciones 4301 y 4303 del 'Tax Cuts and Jobs Act' tienen el potencial de afectar a Puerto Rico.

'Por un lado, estas secciones requieren la tributación en EE.UU. de las ganancias generadas fuera de los EE.UU. y por otro, impondrían un arbitrio de 20% a las compras que una afiliada estadounidense haga a otra afiliada fuera de los EE.UU. Desde mucho antes de la radicación del Proyecto, la AIPR ha trabajado arduamente junto a un colectivo de empresas, asociaciones y representantes del gobierno de Puerto Rico para introducir texto que logre eximir las operaciones en suelo americano del efecto de cualquier disposición de una naturaleza proteccionista contra actividades foráneas. Sin embargo, el 9 de noviembre de 2017 el comite aprobó con su voto el proyecto sin proveer lenguaje que proveyera algún tipo de protección o alivio a las actividades llevadas a cabo en Puerto Rico', indicó en un comunicado.

'Más aún el lenguaje utilizado en algunas de estas propuestas, pareciera ser que tienen pleno conocimiento de la estructura de las empresas que operan en Puerto Rico y tampoco han introducido texto que exima las operaciones en suelo americano del efecto de las mismas. Aparenta ser que el asunto no es uno de falta de entendimiento de la realidad de la cual llevamos años educando al Congreso, sino que nos hace pensar que, simple y llanamente, con tal de aumentar sus recaudos y financiar su propuesta de reforma contributiva, al Congreso no ha considerado de forma activa el impacto que sus medidas puedan tener sobre el futuro de decenas de miles de trabajos americanos en Puerto Rico ni la salud socio económica de Puerto Rico', agregó.