Aunque el futuro económico y social de Puerto Rico está en manos de una magistrada federal, ante quien ha acudido un sinnúmero de bonistas y acreedores buscando recobrar sus ganancias a costa del pueblo, el mecanismo de Título III que provee la ley federal PROMESA provee las herramientas para que aquellos grupos que se vean potencialmente afectado por el proceso puedan tener audiencia ante la jueza Laura Taylor Swain.

El Título III establece en su texto que el tenedor de un reclamo o interés contra una dependencia puede adentrarse en el proceso como parte con interés. Esto le provee el espacio para expresar mediante mociones la postura de dicha parte con los procesos que se llevan a cabo en el tribunal.

Si un grupo de partes con interés comparten criterios en común, pueden solicitar ante el Síndico de Estados Unidos la formación de un comité. Para ello, necesitan validar su reclamo comunitario ante la juez, y además debe ser aprobado por el Síndico.

El jueves, el Síndico anunció los primeros dos comités creados al amparo de este estatuto. Uno está compuesto por jubilados del gobierno central y otro comité incluye acreedores no asegurados de Obligaciones Generales.

Sin embargo, a juicio del licenciado Rolando Emmanuelli, existe el potencial de nombrar otros comités. Tal podría ser el caso con los municipios que podrían ver sus finanzas amenazadas dentro el proceso de Título III.

'Un party of interest podría tantear que además de esa parte hay cientos de partes adicionales que no tienen una capacidad para plantear sus problemas y por ende hace falta que se nombre un comité que los represente. Pero tiene que haber razones de peso, tiene que haber una representatividad real', dijo el abogado de quiebras a este medio.

Emmanuelli también planteó que el mismo caso podría darse con las uniones, aunque aclaró que la constitución de un comité no le resta importancia a otras partes con interés. Estas también tendrían la facultad de intervenir en el proceso y someter mociones adversarias para retar decisiones que puedan beneficiar una parte, pero perjudicarlos a ellos - lo que podría suceder a la hora de enfrentarse un acreedor con intereses mayores.

'Hay un espacio para que todos los grupos sociales del país le lleven a la jueza la información sobre todas las circunstancias que están ocurriendo a la luz del plan fiscal y del presupuesto y como se afecta el país y se incremente la desigualdad y la pobreza y eso hace que PROMESA no pueda cumplir con sus objetivos', sentenció el abogado.