La falta de un Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico y las proyecciones fiscales catalogadas como inalcanzables e indeseadas podrían poner en juego el acuerdo anunciado a finales de septiembre entre el Gobierno y los bonistas de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) para respaldar un Plan de Ajuste de pago de deuda.

En una moción, radicada con carácter de urgencia el pasado 17 de octubre por el Comite de Acreedores no Asegurados (UCC), se cuestiona la autoridad de la Junta de Control Fiscal (JCF) para llevar a cabo este tipo de negociaciones, a toda vez que advierte que, basado en el Plan Fiscal vigente, el Estado se quedará corto en dinero para cumplir con todas sus obligaciones económicas.

'Luego de tomar en cuenta el pago de la deuda de COFINA bajo el acuerdo, las proyecciones de flujo de efectivo bajo el Plan Fiscal certificado del 29 de junio de 2018 reflejan un deficit aproximado de $28 billones para el Estado Libre Asociado, y ese deficit asume que ningún acreedor del Estado Libre Asociado recibirá una tajada', dicta la moción de UCC.

Este grupo representa los intereses de todos los acreedores no asegurados en el Título III de la Ley PROMESA, excepto los de COFINA.

La moción de UCC hace hincapie en la carencia de un Plan Fiscal certificado por el cual regirse. Precisamente el día en que la moción fue radicada, la JCF anunció su decimoquinta reunión pública, pautada para el 23 de octubre, en la cual discutirá los planes fiscales del Gobierno y la Universidad de Puerto Rico.

Como parte del remedio solicitado, UCC propone una nueva fecha para que la JCF presente el Plan Fiscal certificado con las proyecciones económicas para los acreedores, al igual que una vista para el 20 de noviembre en aras de dilucidar la disputa.

La moción fue acogida por la jueza Laura Taylor Swain, quien atenderá los reclamos en la fecha sugerida. Del mismo modo, la contestación escrita de la magistrada da por sentado que el nuevo Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico será presentado a finales de octubre, o sea, luego de la reunión anunciada.

De acuerdo al abogado Rolando Emmanuelli, este nuevo pedido de UCC estropearía los planes de asignación de fondos de la JCF y el Gobierno para áreas como los servicios esenciales, por el hecho de que se liguen al cumplimiento del acuerdo con COFINA. Es decir, si los números no cuadran en el Plan Fiscal, el acuerdo se desvanecería.

'Están con las manos atadas. El 'issue' es cómo acomodar ese acuerdo en el Plan Fiscal. El Plan Fiscal podría resultar en tener las manos atadas para no darle dinero a los otros acreedores. Dieron gran parte del bizcocho en eso y ahora no tienen para los demás. Ellos hicieron esto al reves. Primero había que definir los servicios esenciales y luego se ponían a negociar', expresó Emmanuelli a este medio.

La JCF ni el Gobierno de Puerto Rico han definido los llamados 'servicios esenciales', pese a que la Ley PROMESA indica que se debe asegurar el rendimiento de estos servicios.

El acuerdo entablado reduce en 32% la deuda de COFINA, lo que se traduce a 'más de 17 millones de dólares en ahorro' para el Gobierno de Puerto Rico, según explicó la JCF el 21 de septiembre.

Luego de esas conversaciones, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Legislatura presentaron el Proyecto del Senado 1114, con el fin de concretar el pacto e iniciar el repago de la deuda gubernamental.

Con tal de cumplir con el acuerdo, señaló Emmanuelli, la JCF podría exigir recortes más dramáticos a las agencias públicas, la eliminación de beneficios a empleados y un mayor corte a las pensiones.

'Van a buscar los chavos como sea para cumplir pero van a cortar en el hueso. El problema es que la jueza [Laura Taylor Swain] tiene que tomar todo eso en cuenta para aprobar el plan de ajuste de deuda, y si ella ve que es un recorte sustancial, puede decidir no aprobarlo y como dijo [Ana] Matosantos, no quiere ser parte, pero eso sería empezar de nuevo luego de haber perdido todos los millones en litigios', argumentó el licenciado.

En declaraciones sometidas a este medio, la Coalición de Bonistas Senior de COFINA lamentó la moción presentada por UCC y catalogó como 'decepcionante' el intento por retrasar el acuerdo.

'El plan de reestructuración consensual de COFINA -que es apoyado por el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión, y por los tenedores de bonos y aseguradores principales de COFINA y GO's - es un paso importante hacia adelante en el camino de la recuperación de Puerto Rico', exclamó el grupo.

De acuerdo a la Coalición, el acuerdo ofrece miles de millones de dólares en alivios de la deuda y aumenta la cuota anual que recibe el gobierno en ingresos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). Sumado a eso, 'ofrece una recuperación justa a los bonistas individuales locales, que fueron los primeros en ofrecerle bonos de rescate a la Isla'.

Mira la moción de UCC:

Mira el PS 1114:

Mira la respuesta de Swain: