La Contraloría de Puerto Rico refirió al Departamento de Justicia (DJ) varios hallazgos de incumplimiento en el municipio de Canóvanas.

El ayuntamiento, dirigido por la alcaldesa del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lorna Soto, otorgó un contrato por $75,537 a una corporación regular para realizar tareas que por disposición de ley solo puede ofrecer una corporación profesional. Esta situación, además de ser referida a Justicia, tambien se refirió a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

Dicha contratación se formalizó en el 2015 y 2016, con el fin de que se realizaran trabajos de estudio de título de inmuebles, mensura y preparación de planos de inscripción de lotes en la comunidad San Isidro. No obstante, una auditoría de la Oficina del Controlar reveló que se invirtieron $768,933 en un proyecto recreativo que para octubre de 2018 permanecía cerrado y abandonado.

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Asimismo, pese a que el contrato se formalizó originalmente para construir un mini estadio en el barrio Lomas de Canóvanas antes del 31 de agosto de 2014, para esa fecha el mini estadio no estaba construido. Por el contrario, mediante un acuerdo entre el contratista y el Municipio cambiaron el proyecto para desarrollar un parque pasivo. Al presente, el proyecto no ha tenido utilidad.

Previo a estos hallazgos, otro referido al DJ había sido sometido por la Contralora por este municipio. En esa línea, un informe de la Oficina del Contralor que auditó del año 2013 al 2017, encontró transferencias presupuestarias no informadas a la Legislatura Municipal. Además, arroja luz sobre compras realizadas por el municipio sin las cotizaciones requeridas por ley, que requiere que cada municipio que vaya a realizar compras que excedan a los $100,000 debe cumplir con este requisito. El referido a Justicia indica tambien que en ocasiones, las cotizaciones simplemente no existieron o fueron falsas.

No obstante, tras el referido, Soto sometió declaraciones escritas indicando que el mismo había sido para la corporación encargada de los trabajos mencionados y no para el ayuntamiento.

'Tenemos que aclarar que el referido al departamento de Justicia no es contra el Municipio de Canóvanas, es para la 'Corporación Regular' incorporada en el Departamento de Estado erróneamente para brindar servicios de ingeniería, cuando debió ser bajo la figura jurídica de 'Corporación de Servicios Profesionales' (CSP o PSC)', sostuvo Soto en sus declaraciones.

Sin embargo, un comunicado de prensa remitido más temprano por la Oficina del Contralor arroja responsabilidad al municipio al indican que fue el ayuntamiento quien concretó la contratación.

'Según se señaló en la contestación en el informe de hallazgos, quien tenía la obligación de impedir que dicha empresa se incorporara como una regular es el propio Departamento de Estado de Puerto Rico y no era el Municipio de Canóvanas', alega tambien la Alcaldesa a la vez que dijo que por tratarse de un caso que se refirió al Departamento de Justicia (DJ) no pueden ofrecer más declaraciones a la prensa.