Tras varios años de esfuerzo en el mercado de venta de bienes raíces, adquiriendo y vendiendo propiedades, en el 2007 el matrimonio compuesto por Martha Melendez y Luis Blanco compró una casa en la calle Falcon de la urbanización Montehiedra en San Juan en una subasta por el Banco Oriental. El costo: $850,000 tras pagar un pronto de $250,000.

Al momento de mudarse a la amplia propiedad, Martha era ama de casa y luego se adentró al empresarismo, adquiriendo los derechos de franquicia de 'Chargebox' en Puerto Rico – un puesto automatizado para cargar celulares a un bajo costo. Luis trabajaba como vendedor en un negocio familiar dedicado a la confección de uniformes, Blanco y Riera Inc. Sus dos hijos atendían un colegio.

La vida para ellos transcurrió sin preocupaciones hasta el 2013, cuando Luis perdió su empleo por razones fuera de su control. Anticipando dificultades para pagar su hipoteca, acudieron al banco para orientarse pues tenían conocimiento del programa federal Home Affordable Modification Program (HAMP), que ayuda a familias en este tipo de situación.

'Esa cita no duro ni 10 minutos y él (representante de Oriental) lo que nos dijo fue que teníamos que dejar de pagar la casa para poder cualificar porque si nosotros demostrábamos que podíamos pagar la casa entonces no cualificamos', contó Martha quien insistió si en efecto eso era cierto ante la confianza de la persona que los atendió. Hoy ella reconoce que ese fue el instante en el que el Banco actuó de mala fe, intencionalmente llevándolos directo a la ejecución de su hipoteca.

Y en efecto, tres meses después, así fue. Se comunicaron por teléfono y por correo electrónico con el Banco para avisar que el tiempo indicado había transcurrido y deseaban entrar en un proceso de mitigación de pérdidas para acogerse a HAMP. Ya en proceso de recopilar los documentos, recibieron por correo una demanda de ejecución que contestaron inmediatamente, argumentando que estaban en medio de un proceso de mediación con el Banco Oriental por lo que la acción legal no debía proceder.

Unos meses más tarde, en noviembre específicamente, recibieron una carta por correo tradicional informando que su hipoteca había sido transferida a la financiera Operating Partners. La misma los tomó por sorpresa pues aún estaban en proceso de entregar varios documentos a Oriental para recibir las ayudas del HAMP.

Una comunicación cursada al departamento de Mitigación de Pérdidas de Oriental para conocer qué pasará ahora recibió como respuesta que Operating Partners continuaría el proceso que empezaron, lo que no fue cierto. Sin embargo, la demanda, que el matrimonio creía se había desestimado con esta acción, seguía viva y ahora en manos de esta nueva institución.

Ese mes acordaron una cita con Operating Partners para dar continuidad al proceso de Mitigación de Pérdidas, pero esa cita tampoco resultó fructífera pues solicitaron el mismo papeleo que habían entregado a Orinetal. 'Nos hizo como unos numeritos tentativos que no eran la gran cosa, no eran una gran ayuda. Creo que lo que hicieron fue que nos subieron el porciento de interés, nos subieron a 40 años y lo que nos bajaron fue como $300 dólares mensuales (de una hipoteca de $4,700) ... Y unos días después recibimos una notificación de rebeldía del tribunal', relató Martha. La notificación era porque no habían asistido a una vista judicial contra Operating Partners, por la ejecución de su propiedad.

En el 2014 la ansiedad se apoderó de esa familia, presionada por problemas económicos que los flanqueaban de todos lados. Luis se dedicaba a la búsqueda de un trabajo, mientras el negocio de Martha enfrentaba problemas con sus socios de negocios, a pesar de la popularidad del mismo.

Había momentos que no podían pagar la factura de electricidad, lo que ocasionó que se les cortara el servicio. Uno de sus hijos confrontó problemas de salud y tuvo que ser hospitalizado; Poco después Martha también fue hospitalizada por un desorden de ansiedad.

'Realmente la tensión fuerte fue después que pasaron los hechos, o sea fue durante y después empeoraron. A medida que iba pasando el tiempo la situación de la ansiedad iba empeorando… No sabíamos cómo pagar las cosas, la escuela, la luz me la cortaban a cada rato. A mi hijo me lo sacaron del colegio porque no podía pagar. Un colegio de monjas', dijo Martha. Entretanto Luis consiguió un trabajo, pero no generaba lo suficiente para sacarlos del calvario que enfrentaban.

Entretanto el pleito judicial continuaba en los tribunales, con la defensa legal de Martha y Luis radicando mociones frenar el caso de ejecución. Operating Partners alegaba en corte que el matrimonio no contestó varias cartas enviadas a ellos por correo sobre avisos de subasta a su propiedad. Martha y Luis aseguran que no recibieron estas cartas y aquellas que fueron enviadas se entregaron al antiguo lugar de empleo de Luis, que no envió las mismas adelante.

A la tercera subasta, celebrada a finales del 2015, la propiedad se vendió a 50% de su precio original. En esos momentos, Martha – quien solía no salir de su casa por problemas de ansiedad – recibió la notificación de desalojo pues su propiedad fue revendida. Ella llegó a percatarse de las múltiples comunicaciones que no le llegaron y las dos subastas anteriores cuando verificó el expediente del caso judicial. Por consejo de su abogado, ella hizo una declaración jurada para indicar que nunca recibió esas comunicaciones, algo que no medió en la decisión de la jueza Rebeca de León, quien falló a favor de la empresa de bienes raíces que adquirió la propiedad, TRM LLC.

Para evitar perder la propiedad, el matrimonio radicó quiebra para paralizar los procesos de cobró en su contra e intentó negociar con TRM LLC para comprar la propiedad de nuevo, pero ellos les denegaron esa posibilidad. El proceso continuó en las cortes por un año más, recibiendo visitas constantes de un camión de mudanza y un alguacil que confrontaron con documentos del tribunal que constataban que la ejecución no podía proceder hasta tanto la parte demandante conteste aquellas mociones radicadas por su abogado.

Pero solo pudieron sostenerse de esta manera hasta noviembre del 2016, cuando Operating Partners y TRM LLCenviaron una carta al síndico que manejaba su caso de quiebra para autorizar la ejecución. Ya en diciembre de ese año fueron notificaos por última ocasión que tenían que abandonar la propiedad antes del 20 de diciembre. El abogado del matrimonio exhortó a la corte a aplazar la fecha límite pues estaban en medio de la celebración navideña y una mudanza con tan poco tiempo de cumplirse sería difícil.

El 27 de enero se estableció como la fecha límite, y para ese entonces Martha y Luis empacaron sus pertenencias en un almacén y se exiliaron de la calle Falcon en Montehiedra. Hoy la familia vive en la casa de los padres de Martha en Guaynabo, donde este medio conversó con ellos por segunda ocasión sobre el via crucis que atravesaron en esos 4 años.

Luis ahora goza de un mejor empleo en ventas con oportunidad de crecimiento, aunque todavía no ingresa lo mismo que antes. Mientras Martha, cuyo negocio sigue activo a menor escala, afirma que está en proceso de reinventarse, una tarea difícil considerando el poco tiempo que ha transcurrido entre el abandono de su casa y la entrevista de este medio. El crédito del matrimonio también fue devastado durante el contencioso proceso.

Aun así, el haber perdido la casa de sus sueños tras años de trabajo y confianza a las instituciones bancarias resulta increíble para Martha. 'Está cañón que yo haya dado 250 mil dólares, que haya pagado esa casa por tantos años bien y que yo no tenga nada. Está cañón. Yo con eso pude haber comprado una casa cash. Cuando tendré mi propia casa, sabrá Dios', concluyó.

Yolanda: Expropiada en medio de duelo tras la muerte de su esposo

'Por mi espíritu me he mantenido porque esto es para estar en un Capestrano. Porque uno siempre trabaja para tener su casa, uno piensa que sí hay cosas que le pueden suceder. Pero no, no a ese extremo'.

Con estas palabras Yolanda Vargas, una viuda sexagenaria que hoy vive con una amiga, describió así la difícil e intensa experiencia de perder su hogar ante la negativa del proveedor de su hipoteca en asistirla con programas de apoyo federal a los cual tuvo derecho de ingresar. De hecho, la ejecución de su propiedad ocurrió en momentos de duelo, tras fallecer su esposo de la enfermedad de Alzheimer.

Yolanda vivía en una casa en la urbanización Plaza de las Fuentes en Toa Alta que compró en el 2000 a $190,000. En el 2003 obtuvo una. hipoteca del Banco Santander a una mensualidad de $1,800. En esos momentos era propietaria de una imprenta ubicada en el sector Santa Rosa en Bayamón, negocio que inauguró en el 1989 – 'después que pasó (el huracán) Hugo', relató.

Su negocio gozó de gran auspicio en la primera década de servicio, pero con la llegada del nuevo milenio, su clientela empezó a mermar, a la mano de sus ingresos brutos en la imprenta. Tras 21 años de operación, en el 2011 cerró su negocio, y un año después su esposo se enfermó.

Fue en este momento que Yolanda empezó a incumplir con el pago de su hipoteca. Consciente de la situación acudió al departamento de Mitigación de Pérdidas de Santander, donde logró acogerse al proceso y reducir su mensualidad a $1,200, cantidad que aún era muy alta considerando sus circunstancias.

Al plazo de dos años, la condición de salud de su esposo empeoró y sin remedio alguno para evitar su muerte, lo perdió. En ese 2013, el término de su mitigación de pérdidas venció y los funcionarios que en un principio la asistieron en el proceso le dieron una sola opción para mantener su casa – pagar el principal y los intereses que debía.

Yolanda insistió sobre la disponibilidad de ayudas federales promulgadas por el entonces presidente Obama, a lo que dijo que los representantes de ese banco le indicaron que esas ayudas no les aplicaban a ellos. 'Que una mujer hace en ese caso? Pues nada, tuve que irme de mi casa', sostuvo al insistir que los representantes bancarios nunca le orientaron sobre el HAMP. En la primera notificación que recibió del tribunal para abandonar su casa, aun morando la muerte de su esposo, Yolanda accedió a abandonar su casa.

Nerviosa, sin empleo y desesperada, recibió ayuda de sus amistades para mudarse a casa de una de ellas, con quien hoy vive. 'Pero fue una humillación bien grande del banco. Yo le decía (al banco) ‘pero mira mi trayectoria, yo siempre le pagué, nunca le fallé, ayúdenme'. Tampoco', expresó.

A sus 60 años, Yolanda ahora volvió al mercado laboral para buscar trabajo para aportar en los quehaceres diarios de la casa de su amiga. No obstante, le resulta una tarea difícil tomando pues los únicos trabajos que hay disponible son en restaurantes de comida rápida.

A pesar que Yolanda nació y vivió gran parte de su vida en Estados Unidos antes de establecerse en Puerto Rico – y reconociendo lo difícil que es vivir en la Isla – ella sentenció que no desea regresar.

'No me quiero ir de Puerto Rico. Porque me gusta, no nací aquí, pero me encanta la Isla. Me encanta que el tiempo sea siempre verano. Viví en Estados unidos en New York con tanto frio. A pesar que la gente habla mal de Puerto Rico, pero aquí me quedo, aquí me muero, aquí me entierran', afirmó.

Mercedes: A semanas de la primera subasta de su apartamento

El cierre del Banco Doral dejó en el aire cientos de casos de mitigación de pérdidas y mediaciones en el aire, en lo que transferían su cartera de hipotecas a distintas instituciones financieras. En el caso de Mercedes Vega, la hipoteca que obtuvo con Doral para un apartamento en Isla Verde fue traspasada a una subsidiaria de Wells Fargo que administra en la Isla el Banco Popular, según explicó.

En su caso, una cirugía de corazón abierto y un trasplante de riñón a su hijo en el 2013 provocó que tuvieses dificultades costeando la mensualidad de $1,000 de su hipoteca. En ese transcurso aplicó para un préstamo de emergencia federal FHA, para ayudar con el pago de apartamento por el plazo de dos años.

El fin del término del préstamo coincidió con el cierre de operaciones de Doral, momentos en los que Mercedes acudía al banco para solicitar ayudas adicionales para poder continuar con el pago de su hipoteca. Al consumarse el traspaso de su hipoteca a Wells Fargo, acudió al Banco Popular para acogerse al proceso de mitigación de pérdidas, lo que se le denegó.

'Ellos me decían que ellos no podían hacer nada. Que el banco no podía hacer nada porque la subsidiaria que compró mi cartera no les permitía a ellos ningún tipo de modificación que no fuera que yo pagara la deuda y el mes como va. Sin bajarme ni un centavo ni otro tipo de cosa', dijo Mercedes a este medio.

En los tribunales, tampoco ha tenido éxito con los jueces, quienes frecuentemente han fallando a favor del banco, obligándola a pagar su hipoteca o exponerse a las consecuencias. Sin remedio alguno, Mercedes ha optado por la última.

Según nos contó, ya recibió una notificación de subasta a su apartamento pautada para el próximo 12 de junio. 'Yo voy a seguir peleando la batalla hasta el último momento porque, mire yo tengo 69 años, 70 años tengo este año y le puedo decir 32 años en este sitio. Yo tengo que empezar a buscar donde irme, a desmantelar mi casa. Y pues, tengo tanto coraje y tanta cosa con todo esto porque me he sentido tan atropellada tan abusada con toda esa gente y que no haya nadie que ayude', dijo al indicar que no tiene los recursos para costear un abogado para representarla ante los bancos, por lo que ella sola enfrenta los bancos en las cortes.