El reclamo del exsenador Ramón Luis Nieves ocurre después que el presidente de APEX declarara en privado ante la Comisión de Salud, que evalúa las compras durante la pandemia.

El exsenador por San Juan, Ramón Luis Nieves, emplazó al Departamento de Justicia y a las autoridades federales a “procesar criminalmente, sin mayor dilación, a los empresarios privados que pretendieron hacerse ricos con la venta de pruebas de coronavirus».

Estos empresarios, según el político, pretendieron lucrarse mediante falsificación de firmas, representaciones falsas al propio gobierno, entre otros delitos.

Nieves señaló que el Departamento de Justicia y las autoridades federales deben procesar criminalmente a estos «empresarios corruptos» con la misma celeridad con la que arrestaron al líder comunitario Giovanni Roberto, cuyo único delito fue exigir comida para los pobres.

El precandidato al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), envió un referido el 26 de abril de 2020 al Departamento de Justicia sobre los empresarios privados que participaron en la abortada venta de pruebas de coronavirus, por $38 millones. La Fiscal Phoebe Isales, quien está a cargo de la investigación en el Departamento de Justicia, recibió el referido el 27 de abril.

Ayer testificó el presidente de Apex, Roberto Rodríguez, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Contrario a otros testigos, ofreció su testimonio en una audiencia ejecutiva o, es decir, en privado, tras señalar que colabora con autoridades estatales y federales.

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“El esquema es claro. El Lcdo. Juan Maldonado utilizó sus contactos políticos con el gobierno del Partido Nuevo Progresista para hacerse rico. Convenció a su amigo Robert Rodríguez para utilizar a Apex General Contractors como ‘corporación de paja’ a través de la cual ejecutar el esquema. Maldonado entonces le ofreció una tajada de dinero a su otro amigo Aaron Vick, para que le prestara su firma pues, como testificó, su nombre en inglés daría la impresión de que el gobierno hacía negocios con un estadounidense,» apuntó el político.

«Pretendían ganarse un botín de $10 millones, vendiendo unas pruebas que nunca tuvieron en su posesión. Vick y Rodríguez se sentaron a esperar su tajada del botín que iba a resultar del esquema ejecutado por Maldonado. Gracias a que el banco levantó bandera, es que el pueblo de Puerto Rico no tuvo una perdida de $19 millones. Las autoridades deben procesar criminalmente a estos empresarios corruptos, de inmediato”, agregó Nieves.

Según dos fuentes de NotiCel, Rodríguez declaró bajo juramento que Maldonado no era su abogado y que negoció a nombre de Apex con el gobierno de Puerto Rico sin su conocimiento. Pero luego de iniciada la transacción ayudó a continuar el trámite con el fin de lograr cobrar los $38 millones a los que ascendía la transacción.

Maldonado, de acuerdo a una fuente, no solo falsificó el nombre de Rodríguez en la resolución corporativa, sino en contratos, fianzas y otros documentos que el deponente corroboró en la vista ejecutiva.