 
                 
                            El exasesor legislativo Eduardo «Tito» Laureano se expresó luego de conocer que la gobernadora Wanda Vázquez Garced pidió cancelar «todas las contrataciones» relacionadas a él y al exdirector ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), el licenciado Juan Maldonado de Jesús, tras la vinculación de ambos con el contrato fallido para pruebas de coronavirus con la empresa APEX General Contractors.
“En el día de hoy, me enteré por los medios de comunicación de las expresiones de la Gobernadora Wanda Vázquez referentes a la cancelación de mis contratos con el Gobierno de Puerto Rico. Según se alega, esta cancelación responde a mi supuesta vinculación con la empresa APEX y el Lcdo. Juan Maldonado. Esta alegación es totalmente falsa», expuso en comunicación escrita.
Igual que Maldonado, Laureano fue vinculado a la contratación fallida de APEX luego de que el senador popular Aníbal José Torres revelara unos mensajes de texto dirigidos al coordinador del «Task Force» médico, Segundo Rodríguez, en los que se identifica como el contacto para llevar a cabo la compra millonaria de pruebas rápidas para COVID-19 que no tenían el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).
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«Declaro y reitero que este servidor no tiene, ni nunca ha tenido, vínculo alguno con dicha empresa. En días recientes, el Lcdo. Juan Maldonado se comunicó conmigo para solicitarme el número telefónico del Dr. Segundo Rodríguez Quilichini. Le brindé el número del doctor al Lcdo. Maldonado, y hasta ahí llegó mi único contacto con él. Fue después que sale a relucir la ya conocida controversia de esta empresa que me entero que el Lcdo. Maldonado estaba vinculado a APEX. Aquellos que alegan que yo impulsara, promulgara, influyera, o de alguna otra forma ejerciera cualquier tipo de presión, o tuviese algún tipo de inherencia sobre la otorgación del contrato de APEX, le faltan a la verdad. Asimismo, aquellos que digan tener prueba fehaciente de alegatos en mi contra sobre este particular, los invito a que la sometan bajo juramento ante los foros pertinentes», sostuvo.
«De otra parte, aun entendiendo que la Gobernadora pueda tomar la decisión de cancelar contratos, tengo que establecer que, en este caso, se está tratando de manchar injustamente mi nombre e integridad ante la opinión pública solo por haber provisto un número de teléfono», añadió.
«La Gobernadora podrá cancelar contratos, pero jamás tendrá el derecho ni el poder de jugar con mi reputación», concluyó.
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