El president Donald Trump autorizó hoy un aumento a los fondos para asistencia pública asignados a Puerto Rico tras el paso del huracán María, pero condicionado a controles más estrictos en el manejo de los fondos y en la estimación de costos de los proyectos.

La decisión presidencial concuerda con la determinación reciente de la Junta de Control Fiscal para controlar las contrataciones del gobierno de Puerto Rico, según dispuesto en la ley Promesa.

El pasado 27 de septiembre, Trump autorizó el 100% de fondos federales del costo del recogido de escombros y otras medidas de emergencia durante 180 días desde el día de la declaración.

'Reconociendo que el Estado Libre Asociado eligió participar en procedimientos alternos autorizados bajo la sección 428 de la Ley Stafford, el Presidente autorizó asistencia adicional siempre que haya controles adicionales en la estimación de costos y en el manejo de los proyectos como medida para facilitar la restructuración de la infraestructura de Puerto Rico y para reducir los riesgos de daños de actividades costo-efectivas', dice el comunicado de la Casa Blanca.

La determinación de la Junta de Control Fiscal surgió luego del escándalo del contrato con la empresa Whitefish, aunque el presidente de la Junta, Jose Carrión, aseguró que la decisión no guarda relación con la empresa empleada para restablecer el sistema electrico del País.

'La política de contratación no es una reacción a Whitefish. Es simplemente algo que íbamos a implementar como quiera. El contrato de Whitefish se pidió, lo recibimos hace diez días y vamos a continuar con ese procedimiento establecido y aprobado en el día de hoy', explicó Carrión III.

El ejecutivo señaló además que la JCF no había implementado esta medida con mayor anticipación porque 'había mucho sobre la mesa'.

La política de contratación se fundamenta en la sección 204 (b) de la Ley Promesa y aplica a los contratos, o serie de contratos, que sobrepasen los $10 millones. De igual modo, quedará bajo discreción de la JCF si los tratos de menor cantidad tambien serían evaluados por el ente federal.

'La Junta está preparada para revisar contratos de manera rápida. Para ello, hemos identificado un grupo interno que se encargará del proceso de revisión de contratos. Este grupo de trabajo incluye expertos en obtención, construcción, utilidades, salud, tecnología y cumplimiento con leyes locales y federales, entre otros', esbozó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF.

En esa línea, la Junta se comprometió a contestar las solicitudes dentro de siete días laborables, por lo que solicitaron al Gobierno de Puerto Rico que someta la documentación de forma correcta y con anticipación.

La medida entrará en vigor el 6 de noviembre de 2017, pero es en carácter retroactivo, lo cual significa que la Junta puede revisar contratos previos.