Toda persona que sea víctima o testigo de un delito en Puerto Rico tiene derecho a ‘reclamar que se mantenga la confidencialidad de la información sobre su dirección y números telefónicos cuando así lo estime necesario para su seguridad personal y de sus familiares’, según dicta la Carta de Derechos que cobija a ciudadanos bajo estas circunstancias.

En un caso criminal, los abogados de defensa también tienen el derecho de intentar entrevistar a los testigos del Ministerio Público, pero queda a discreción de los declarantes el ofrecer cualquier información. Sin embargo, el desconocimiento les puede jugar una mala pasada.

Y es que son muchos los que siendo testigos de un caso piensan que obligatoriamente deben dar su información a cualquiera de las partes. Otros piensan que, aunque quieran hablar con los defensores, les está prohibido hacerlo. Ninguna de las anteriores.

Esto fue uno de los puntos legales de más discusión durante el inicio de la vista preliminar contra el corredor de seguros Pablo Casellas, acusado de asesinar a su esposa Carmen Paredes el pasado 14 de julio en su hogar.

Durante la comparecencia a la vista pautada para comenzar el martes pasado, los abogados de defensa expusieron varias razones por las cuales no estaban preparados para iniciar esta etapa del proceso judicial. Entre sus justificaciones, el abogado Harry Padilla indicó que la lista de testigos no contenía la dirección de estos para él poder dirigirse a ellos.

La fiscal Phoebe Isales le ripostó al señalar que, precisamente, la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos establece que tienen derecho a no darla. Comentó que estas personas, que conforman un grupo de 46, aun sintieron temor de ofrecerles sus datos personales a los fiscales del caso. ‘El Ministerio Público tiene el deber de proteger esa información… No les vamos a proveer las direcciones’.

Luego de una reunión entre ambas partes, se acordó que la Fiscalía citaría a algunos de sus testigos y los pondría a disposición de la defensa si estos ciudadanos estaban de acuerdo.

El juez fue muy enfático en explicarles a los cerca de 20 que asistieron ese día que no tenían que hablar con la defensa, pero que tampoco nadie les podía decir que no lo podían hacer. Así ha ocurrido con este caso que ha capturado la atención mediática, pero en otros menos notorios, no necesariamente los testigos son orientados sobre cuáles son sus derechos.

De acuerdo con la presidenta del centro de ayuda a víctimas de delito ALAPÁS, Mayra Rivera Torres, la mayoría de las víctimas y testigos de delitos no conocen que tienen unos derechos específicos y por eso, no los defienden.

‘Lamentablemente, el mismo Sistema de Justicia es el primero en violarles los derechos a las víctimas. Los policías, los agentes investigadores no les dan la información y, en ocasiones, muchos fiscales también, van a la sala, hacen su parte y no se ocupan de hablarles a las víctimas y testigos’.

La situación se agrava cuando información sensitiva se filtra a través de los medios comunicación. Los detalles sobre quiénes conforman un grupo de testigos deberían ser confidenciales. ‘El Departamento se supone que custodie esos expedientes y está fallando. Eso es una violación’, dice la fundadora de la Alianza Laura Apontepor la Paz Social (ALAPÁS).

‘El mayor problema es la falta de orientación a las mismas víctimas y testigos. El Departamento de Justicia se supone que lo haga. Lo hace en casos notorios, como este, que está cubriendo la prensa, pero no significa que se haga como norma. Si es el caso de la familia Pérez, de Canóvanas, nadie se preocupa por darles su carta de derechos’.