La orden que emitiera el Tribunal de Apelaciones en favor de que Ana Cacho pudiera visitar a sus hijas bajo supervisión, quedó paralizada luego de que el Tribunal Supremo detuviera el dictamen el pasado 21 de diciembre, según dio a conocer hoy el secretario de Justicia, Guillermo Somoza.

Las abogadas de Cacho tendrán 10 días para contrarrestar la orden a través de evidencia que demuestre por qué no debe ser final y firme.

Durante una conferencia de prensa realizada hoy en el Departamento de Justicia, el jefe de fiscales, Obdulio Meléndez, indicó que el asunto fue atendido por todos los jueces del máximo foro judicial, con excepción del juez asociado, Roberto Filiberti.

La secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry Méndez, había advertido que apelaría la decisión del Tribunal de Apelaciones que le otorgaba el derecho a Ana Cacho de visitar a sus hijas, que se encuentran bajo la custodia de su padre biológico, Ahmed Alí González.

Cacho es sospechosa del asesinato de su hijo Lorenzo González Cacho, ocurrido hace dos años en un confuso incidente ocurrido en su casa, en una urbanización en Dorado.

Somoza y el Caso Lorenzo

'Nuestro interés es velar por el mejor bienestar tanto de la menor como de la adolescente. En eso hemos trabajado incansablemente y no hemos escatimado en recurso alguno. No tan solo para que lo haga el Departamento de la Familia, que es el deber que ellos tienen, sino para que nuestros peritos puedan ayudar a sanar esa herida tan profunda que tienen esta menor y esta adolescente y que son potenciales testigos', manifestó Somoza.

El saliente secretario de Justicia defendió la labor de la agencia en este caso. En las cuestiones civiles, indicó que los procuradores de relaciones de familia han podido prevalecer en todas las vistas relacionadas con la situación de las menores envueltas.

En cuanto a la investigación criminal, insistió en que el departamento 'no ha escatimado en recursos'.

Estableció que 'quién esclarece es la Policía', pero que aun así se han llevado casos a Justicia para ayudar al cuerpo policíaco a esclarecerlos.

'Nunca hemos actuado a base de la presión y siempre hemos sido cónsonos y firmes con la presión de hacer justicia y por eso hemos salvaguardado todos los derechos constitucionales que les cobijan a los sospechosos de delitos', apuntó.

Somoza mencionó que los peritos que vinieron de Miami a petición del superintendente de la Policía para apoyar la labor de la fiscal Wanda Casiano, así como la fiscal Gretchen Pérez Catinchi que se asignó para ver el trabajo independientemente, concluyeron que el caso se había manejado adecuadamente desde el principio.