La defensa de Aida de los Santos Pineda se presentó hoy a una conferencia de estatus en el Tribunal de San Juan y la emprendió contra el ministerio público por alegadamente esconder evidencia en el caso que pesa contra su cliente, quien enfrenta juicio y está acusada de matar a Georgina Ortiz, esposa del exjuez del Tribunal Supremo, Carlos Irizarry Yunque.

Según los abogados Aaron Fernández y Lucille Borges, el ministerio público no ha sido diligente en responder a sus reclamos de obtener material digital recopilado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), así como una serie de entrevistas y declaraciones juradas que, de acuerdo a la defensa, podrían constituir prueba exculpatoria hacia su cliente.

'En la medida que esas entrevistas cobren el espacio que esta servidora ha estado pidiendo desde un principio, qué es la motivación para causarle la muerte, quién y qué hubiese deseado la muerte de Doña Georgina, nosotros entendemos que es más que pertinente', dijo Borges al ser abordada por la prensa, tras su salida de la sala 1105 del tribunal. 'El Ministerio Público tiene un deber. Los procesos judiciales se tratan de hacerles justicia a las víctimas y de evitar que personas inocentes sean expuestas a arriesgar su libertad en casos que no se sostienen'.

Durante la conferencia de status presidida por la Jueza Eloína Torres Cancel, la defensa alegó que la oficial del ICF, Julia Hernández, ha fallado en responder a sus solicitudes de obtener un disco con información de computadoras y cuentas bancarias.

Ante tal reclamo, la fiscal, Elba Acevedo, objetó y argumentó que gran parte de esa información era confidencial por tratarse de material personal sacado de diferentes computadoras.

'El Instituto de Ciencias Forenses tuvo que pedir autorización de los dueños de estas computadoras', planteó Acevedo mientras objetaba la petición de los abogados y defendía la confidencialidad que el ICF le brindó al disco en disputa.

Acto seguido, la jueza le pidió a la defensa que presente moción para justificar la pertinencia de solicitar la evidencia contenida en el disco.

Igualmente, Torres Cancel anunció que le pedirá a la oficial del ICF, su comparecencia en la vista de seguimiento pautada para el 24 de enero. El juicio comenzará el lunes 25 de febrero.

Otro de los alegatos de la defensa radica en refutar el argumento de que su clienta actuó de forma concertada y planificada, junto a otra persona.

'A Doña Aida se le imputa haber actuado en común acuerdo, en concierto con una persona que ha sido identificada aún por el ministerio público', alegó Borges en sala.

De acuerdo a la abogada de defensa, la evidencia que le reclaman al ICF será utilizada para demostrar 'la ausencia de planificación, ni con actos anteriores, ni con actos coetáneos, ni con actos posteriores en relación en concierto y común acuerdo con ninguna otra persona para causarle la muerte a Doña Gina'.

Contra de los Santos Pineda pesan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por hechos que alegadamente ocurrieron en la residencia de Ortiz el 17 de agosto de 2010.