El Juez Jose Ramírez Lluch no aceptó los argumentos de derecho constitucional planteados por la defensa de Pablo Casellas Toro, y declaró no ha lugar las solicitudes de enmendar las condiciones de fianza con el propósito de que el acusado pueda salir de la residencia de su padre para ejercitarse y acudir a misa.

En vista celebrada en la mañana del martes en la sala 606 del Centro Judicial de Bayamón, el abogado Harry Padilla tomó su turno para defender la postura de la defensa en torno a la alegada necesidad de que se llegue a un acuerdo que permita que su cliente pueda salir del domicilio con el fin de trabajar, ejercitarse en la pista, asistir a citas médicas, buscar medicamentos en la farmacia y acudir la Iglesia católica de su predilección.

De acuerdo a Padilla, las cinco peticiones se justifican a la luz de los derechos constitucionales de cualquier ciudadano.

'Existe un derecho del ser humano a ejercitarse. También existe el derecho a ejercer creencias religiosas', argumentó Padilla, mientras las integrantes de fiscalía escuchaban atentamente y el acusado, Casellas, observaba en compañía de sus otros abogados.

Las peticiones de la defensa fueron acompañadas por el planteamiento de que Casellas no ha incumplido con sus condiciones de supervisión bajo fianza. En ese sentido, Padilla alegó que en el periodo de aproximadamente cinco meses, la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) no ha presentado ninguna queja por escrito sobre el comportamiento de Casellas desde que éste fue ingresado en la residencia de su padre, el juez federal Senior, Salvador Casellas.

'Habiendo un cumplimiento perfecto, por qué no se le pueden conceder beneficios de trabajar, de ir a la Iglesia, recibir atención médica, hacer ejercicios, e ir a la farmacia', cuestionó Padilla.

Tras los argumentos de la representación legal del acusado, la fiscal Phoebe Isales, en representación del Ministerio Público, ripostó al argüir que las acusaciones que pesan contra Casellas Toro son de tal magnitud que no es viable tenerlo en la calle y exponer a testigos a la posible amenaza que este hombre pudiera representar.

'Estamos hablando de una fianza de $4 millones, además de la peligrosidad de delito', expresó Isales.

'Existen trotadoras y no ocupan mucho espacio en una casa pequeña. Además, esa casa (de Salvador Casellas) tiene una piscina y él puede nadar. Su señoría, las misas son televisadas', añadió Isales, no sin provocar la risa de los abogados defensa y el propio Casellas, quien parece no aceptar la condición de sintonizar la misa por televisión.

Tras la respuesta de Isales, el licenciado Padilla volvió a aferrarse a la violación de derechos constitucionales de su cliente. Incluso, plateó que Casellas Toro no puede trabajar en casa de su padre, debido a que esta residencia no cuenta con servicios de Internet en la oficina personal del juez federal.

'Con todo el respeto a la fiscal, ese no es el derecho, el derecho fundamental de nuestro representado tiene que ver con que el señor Casellas, por conducto de sus familiares, prestó una fianza de $4 millones. Las alternativas que da la representación del ministerio público, son improcedentes', afirmó Padilla, pero sin éxito.

En su dictamen, el juez expresó que el acusado sólo podrá asistir a citas médicas, pero con la debida supervisión de OSAJ.

Igualmente, se informó que Casellas se acogió al derecho de juicio por jurado. Se citarán siete paneles de jurado para el 17 de abril a las 8:00 am.

La vista de status está pautada para el 8 de marzo a las 9:00 am.

Contra Casellas Toro pesan cuatro cargos relacionados a la muerte de su esposa, Carmen Paredes. Los cargos son asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.