Pedro Saade Llorens, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Puerto Rico, reveló hoy jueves a los medios un extenso documento donde se expresa la opinión legal a que llegó la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela donde se concluye que un contrato firmado por la anterior administración y la compañía Energy Answers (EA), proponente de la incineradora, es nulo e ilegal.

'Se llegó a esta conclusión luego de un extenso análisis e investigación. El contrato tiene cuatro razones que respaldan la opinión de nulidad y se detallan en el documento' expresó el Profesor Saade Llorens.

'Esperamos que las autoridades estudien nuestro análisis con detenimiento y declaren su nulidad' finalizó.

La Coalición de Organizaciones Anti-Incineración le solicitó al Director de ADS que a base de este análisis legal, se hagan todas las gestiones necesarias para declarar el contrato entre la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y Energy Answers inválido e ilegal.

'El incinerador propuesto para Arecibo representa un peligro para las comunidades circundantes y de las que están vientos abajo de las emisiones de la chimenea. La emisión de plomo, mercurio y dioxinas, pueden afectar la salud de decenas de miles de personas. Los vientos alisios llevarán estas sustancias hacia el pueblo de Arecibo y hacia el corredor noroeste de la isla, afectando particularmente a niños, embarazadas, viejos y otras poblaciones más vulnerables. La industria lechera podría verse afectada por los tóxicos que podrían acumularse en la leche y provocar que esta sea declarada no apta para consumo humano', terminó diciendo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Dr. Eduardo Ibarra Ortega.

De otro lado, la Coalición se expresó jubilosa por la oposición de la Federación de Alcaldes a los acuerdos para disposición de basura alcanzados entre ADS y EA.

En una carta enviada el pasado 4 de abril a Agustin Carbó, director de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, la Federación de Alcaldes, a través de su director ejecutivo Reinaldo Paniagua, le reiteró su oposición a la construcción de la incineradora 'por poner en peligro la salud financiera de los municipios y porque viola la Ley de Municipios Autónomos'.

La oposición de los alcaldes se basa en unos supuestos acuerdos contractuales entre el Gobierno de Puerto Rico y Energy Answers en los que se obliga a los Ayuntamientos a enviar toda la basura a la planta de Arecibo, a unos precios mayores a los que actualmente pagan por la disposición de desperdicios sólidos.

Por su parte, el portavoz y consultor ambiental de Energy Answers en Puerto Rico, Javier Vélez Arocho, expresó en un comunicado la reacción de la empresa a la conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Médicos Cirujanos en relación a la propuesta Planta de Recuperación de Recursos y Generación de Energía propuesta por para Arecibo.

'Nuestra compañía ha estado inmersa en un proceso de permisos por los pasados cuatro años. Como parte del proceso nos hemos sometido a todo el escrutinio reglamentario, legal y público aplicable tanto estatal como federal.

Hemos podido evidenciar que tanto Energy Answers como nuestra propuesta Planta de Recuperación de Recursos y Generación de Energía cumple y cumplirá con todos los reglamentos y leyes aplicables.

El acuerdo suscrito con la Autoridad de Desperdicios Sólidos no es la excepción. Tampoco los demás acuerdos a los que hemos llegado como parte del proceso a suscribir con las agencias gubernamentales pertinentes. Todos los acuerdos suscritos son legales y estamos dispuestos a defenderlos en el foro pertinente, de ser necesario.

Continuaremos enfocados en esta etapa final de permisos y esperamos que esta misma energía que están utilizando algunos que se oponen a nuestro proyecto sea utilizada para exigir acción a contra los vertederos clandestinos y los vertederos en la Isla, la mayoría de los cuales están operando ilegalmente creando un problema ambiental mayor en Puerto Rico', finalizó el portavoz.