Según los abogados de defensa, el juez federal Senior, Salvador Casellas, entró el 14 de julio a la casa de su hijo Pablo, con el propósito de llevarle medicinas para atender una condición de salud mental. Con su acción, el funcionario federal tuvo acceso a la residencia, y por ende, estuvo presente en un registro e incautación de armas que, de acuerdo a la defensa, fue ilegal.

Por tal razón, plantean los abogados, dicha evidencia debe ser suprimida una vez comience el juicio contra Pablo Casellas Toro, contra quien pesan cargos por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes.

En medio de la vista de supresión de evidencia presidida hoy martes por la Jueza Vivian Durieux Rodríguez, de la Sala 704 del Centro Judicial de Bayamón, los abogados de defensa, plantearon, además, que al momento de Casellas Toro supuestamente consentir la entrada al cuarto de armas, éste se encontraba bajo los efectos de medicamentos y con una alegada condición mental.

'Sería correcto aseverar de que al momento de abrir la puerta, usted no conocía la condición mental de Pablo Casellas'?, preguntó el abogado de defensa Harry Padilla, mientras interrogaba al agente de la Unidad de Homicidios, Javier Soto Méndez.

'No', responde el policía estatal.

Parte del interrogatorio que tanto la defensa, como la fiscalía le hicieran a Soto Méndez, se centró en la identificación de un rifle PS90 que fue hallado en el cuarto, y que era compatible con los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen.

En medio del interrogatorio, el agente policial admitió no tener mucho conocimiento sobre tipos de armas. Explicó que fue un compañero policía, quien le auxilió en el proceso de identificación.

Fue precisamente esa posible compatibilidad entre el arma PS90 y las municiones de la escena, lo que llevó a la defensa a cuestionar la razón por la cual se procedió a incautar el resto de las armas que eran propiedad de Casellas Toro.

'Sería correcto aseverar que aparte de esa similitud (entre arma y municiones), no había razón para llevarse otras armas'?, preguntó Padilla al agente que estaba bajo interrogatorio.

'Sí, había razón', respondió Soto Méndez.

Ante la respuesta, el abogado procedió a solicitar la explicación de las otras razones que llevaron a la policía a justificar el inventario de armas.

'Estas armas, en este reguero, no pueden estar así', contestó el policía haciendo referencia a un supuesto reglamento para la organización de armas.

'El acto de ocuparlas respondía a la condición de las armas', expresó Padilla, intentando así presentar su interpretación al planteamiento del policía.

Soto Méndez confirmó que tal aseveración era correcta y procedió a explicar una segunda razón que justificase el registro de armas.

De acuerdo al oficial de la Unidad de Homicidios, el otro motivo que tuvo para solicitar el acceso al cuarto de armas estuvo basado en la creencia la versión que dio Casellas Toro sobre el supuesto individuo que entró a su casa y le disparó mortalmente a Paredes.

'Yo nunca cerré la posibilidad de que se hubiesen metido en ese cuarto', explicó Soto Méndez.

La próxima vista de supresión de evidencia está pautada para el lunes 29 de abril. Otro agente de la policía será interrogado durante la celebración de ésta.

La vista de supresión del martes estuvo precedida por una conferencia de status celebrada minutos antes en la Sala 606 del mismo Centro Judicial.

En presencia del Juez José Ramírez Lluch, Padilla, junto a su colega, Arturo Negrón, alegaron no estar aún preparados para el inicio del juicio, hasta tanto se les provea una información que está en poder del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

De acuerdo a los abogados de Casellas Toro, el ICF debe proveer un documento que identificaron como 'informe suplementario' y un segundo análisis basado en una revisión de pares.

Ante tal petición, el juez citó a una conferencia de status el próximo 13 de mayo. A tal comparecencia deberá acudir la directora del ICF para aclarar cuáles documentos de la agencia podrán ser compartidos con los abogados de defensa.

En la vista de status del martes, Padilla también solicitó que se descarte evidencia que supuestamente es innecesaria y no va a arrojar nada relevante en la investigación.

La solicitud de la defensa fue objetada por los representantes del Ministerio Público. Igualmente, el juez aclaró que tal solicitud de la defensa no procedía debido a que el Tribunal Supremo se ha expresado en términos de que no deben existir obstáculos para que fiscalía analice información que pueda ser pertinente para la investigación.

Ahora, el inicio del juicio depende del tiempo que necesiten las partes para evaluar la información que se le solicitará al ICF en la vista del 13 de mayo.

Por un lado, la defensa solicitó 15 días, a partir de la fecha en que reciban dicha documentación. De otra parte, fiscalía adelantó que necesitarán un mes, luego de que los abogados de Casellas Toro evalúen esa información.

Tal panorama prácticamente descarta el plan que se había anunciado recientemente en términos de comenzar el juicio el 5 de junio.

Contra Casellas Toro pesan cuatro cargos por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.