El Tribunal Supremo de Puerto Rico favoreció hoy, martes, al Departamento de Justicia para revocar la orden de nuevo juicio al convicto Pablo Casellas Toro emitida por el Tribunal de Apelaciones.

El fundamento del Apelativo fue que el veredicto del jurado por el asesinato de la esposa de CasellasToro, Carmen Paredes, no había sido por voto unánime, lo cual los abogados del convicto sostenían que se había convertido en un requisito a la luz del caso del Supremo federal, Pueblo v. Sánchez Valle, en el que ese foro federal reiteró que la isla es un mero territorio de Estados Unidos de la nación estadounidense y que el poder sobre la isla reside en el Congreso federal. En su momento, Justicia refutó quela Constitución de Puerto Rico dispone que los veredictos en casos criminales son por mayoría 9-3.

La sentencia emitida por el juez asociado Rafael Martínez Torres indica que 'los veredictos de culpabilidad que emiten los jurados en las cortes territoriales de Puerto Rico tienen que ser por unanimidad. Sin embargo, toda vez que esa exhortación parte de una lectura errónea de esos casos, rechazamos adoptarla. El requisito de unanimidad de los veredictos condenatorios no es un derecho fundamental reconocido por el Tribunal Supremo federal, y como tal aplicable al territorio de Puerto Rico'.

Por su parte, el procurador General del Departamento de Justicia, Luis Román Negrón afirmó que 'la controversia presentada al Tribunal Supremo era una de estricto derecho. En esencia, el Tribunal Supremo resuelve, primeramente, que el Supremo Federal no ha reconocido el requisito de unanimidad en los veredictos de culpabilidad emitidos por un jurado como un derecho fundamental oponible a los estados y territorios. A renglón seguido, concluye que aunque el territorio de Puerto Rico no tiene soberanía propia, tiene suficiente autoridad delegada por el Congreso para crear su ordenamiento legal propio en materia de derecho penal sustantivo y procesal. Por consiguiente, resuelve que los veredictos por mayoría de nueve que dispone la Constitución de Puerto Rico son válidos, por lo que el veredicto de culpabilidad 11-1 en contra del Sr. Casellas se sostiene. Por tal razón, el Departamento de Justicia concurre con la determinación del honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico'

El caso regresa a Primera Instancia para evaluar otros 33 señalamientos de error que presentó el apelado. Apelaciones solo atendió el asunto de la doble exposición. De acuerdo al foro apelativo intermedio, en la medida en que la decisión en Pueblo v. Sánchez Valle, estableció que la Isla no tiene soberanía separada de la del gobierno federal, el requisito de unanimidad en los veredictos federales de culpabilidad le aplica al Gobierno de Puerto Rico.

'Ampliar el alcance de esas decisiones y plantear que estas tuvieron el efecto de colocar el Gobierno de Puerto Rico dentro del gobierno federal es una interpretación errónea de ambos casos. El hecho de que el Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno federal deriven de la misma fuente su autoridad para entablar procesos penales, no significa que son un solo ente gubernamental, ni que están sujetos a las mismas reglas al momento de ejercer ese poder. Tampoco implica que los tribunales de Puerto Rico son un mero anexo de los tribunales federales', reitera la sentencia del Supremo.

'Aseverar que es correcta la tesis que propone el peticionario implicaría resolver que somos un territorio de Estados Unidos impedido de tener un ordenamiento propio en materia de derecho penal sustantivo y procesal. Nótese que cada una de esas áreas del Derecho es obra de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y de las decisiones que con carácter vinculante emite esta Curia. Aunque el territorio de Puerto Rico no tiene soberanía propia, sí tiene una autoridad delegada por el Congreso para crear su ordenamiento legal propio en materia de derecho penal sustantivo y criminal', abundó el juez Martínez.

En una opinión concurrente, el juez Ángel Colón, exasesor legal de La Fortaleza en la Administración García Padilla, critica que la mayoría del Supremo puertorriqueño se excedió en su interpretación de que Sánchez Valle había sostenido totalmente expresiones anteriores del Alto Foro criollo.

Casellas Toro, hijo del juez federal Salvador Casellas, fue condenado a 109 años de cárcel luego que un jurado lo declarara culpable por 11 votos a favor y uno en contra.

Sentencia Supremo Casellas - NotiCel_24422

Opinión concurrente caso Supremo sobre Pablo Casellas - NotiCel_24459