La eterna discusión sobre el estatus político de Puerto Rico regresa al Tribunal federal, esta vez enmarcada en el discrimen del Congreso de los Estados Unidos a los 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses residentes en la isla al distribuir los fondos federales de salud.

La demanda, radicada por el Centro de Salud Primaria Med Centro de Ponce y varios beneficiarios de Medicaid alega que Puerto Rico es 'de facto' un territorio incorporado al que el gobierno de EEUU trata intencionalmente diferente otorgando menos fondos de los programas de salud Medicaid, Medicare y CSHIP, aunque le impone las mismas responsabilidades y deberes cual si vivieran en un estado.

La demanda, reseñada en primicia por NotiCel fue radicada en el Tribunal de Distrito en San Juan será atendida por el juez Gustavo Gelpi. En entrevista con este diario, Allan Cintrón Salichs, director ejecutivo de Med Centro junto al abogado Ignacio Fernández aseguraron que es la primera vez que un territorio demanda al gobierno federal por violar su derecho a la salud.

'Nuestra relación política con Estados Unidos es mucho más estrecha (que la de los otros territorios). No hay duda que, Puerto Rico se ha convertido 'de facto' en un territorio incorporado de EEUU. Aquí aplican todas las leyes federales, sin excepción. Tenemos un corte de Artículo III, tenemos aduanas de EEUU; Tenemos fiscalía federal, FBI y todas las agencias federales', explicó el abogado al reiterar que con el pasar de los años Puerto Rico se ha ido pareciendo más a un estado de la unión.

Este citó al juez federal Gustavo Gelpí quien en 2008 Consejo de Salud Playa Ponce v Rullán emitió una opinión declarando que Puerto Rico se ha convertido en territorio incorporado de los Estados Unidos debido a las acciones legislativas tomadas desde 1900.

Fernández dijo que no se puede comprar el acceso a la salud con el voto, por ejemplo, ya que la Constitución de EEUU es clara sobre que ese derecho lo tiene el estado, no el ciudadano. En el caso de la salud, es un derecho humano reconocido internacionalmente por lo que no afecta el reclamo judicial de igual protección de las leyes.

'El hecho de que no tengamos derecho al voto no afecta nada nuestro reclamo. El reclamo es uno de igual protección de las leyes que es un derecho fundamental que tiene todo ciudadanos de EEUU, irrespectivamente de dónde viva', dijo el abogado al reiterar que los ciudadanos que vive en Puerto Rico tambien están protegidos por la Quinta Enmienda de la Constitución.

Aunque el Congreso tiene discreción para asignar los fondos de la manera que entienda pertinente, esa discreción no es absoluta. En este caso, plantearon la importancia de que se trata del acceso a un derecho humano como lo es el derecho a la salud. Es decir, las reglas que establezca el Congreso tienen que aplicarles a todos los ciudadanos por igual.

'Nosotros partimos de que el derecho a la salud es un derecho fundamental que debe estar protegido', planteó Cintrón Salichs.

'De lo que estamos hablando es de vidas humanas. El Congreso no puede exigirnos a nosotros que tengamos las mismas obligaciones en Medicaid, Medicare y CSHIP como si fuesemos un estado, pero tiene unas reglas distintas para nosotros en el lado de los derechos. Trátanos con los mismos derechos y obligaciones de otros estados. Ni más ni menos', añadió por su parte el Lcdo. Fernández.

La asignación de emergencia acordada esta semana en el Congreso que otorgaría $2,900 millones en fondos de salud para la isla por los próximos dos años no detendrá el reclamo judicial ya que es 'un parcho provisional' dijo Cintrón.

Según el director ejecutivo de Med Centro, es una medida que, aunque resuelve por lo pronto, no cambia permanentemente la fórmula o regla discriminatoria que se utiliza para asignar los fondos de Medicaid para Puerto Rico.

'En dos años vamos a estar exactamente en el mismo lugar. Es bochornosos que tengamos que sufrir un huracán para que se den cuenta que hace falta paridad en salud', acotó.

'Este arreglo no resuelve el problema. Nos da dos años de oxígeno. En dos años nuestros líderes tendrán que ir al Congreso a mendigar allí fondos nuevamente', sostuvo por su parte el Lcdo. Fernández.

El recurso judicial se basa en que el Congreso viola la quinta enmienda de la Constitución estadounidense al tratar de forma distinta y discriminatoria en la asignación de fondos de salud para Puerto Rico por lo que piden la intervención de la corte para evitar 'que se perpetúe el continuo patrón discriminatorio que perpetuará un sistema de salud de segunda clase a los ciudadanos residentes en Puerto Rico'.

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