Miles de los residentes de distintos sectores de Cataño afectados por la explosión de la refinería Caribbean Petroleum (CAPECO) en 2009 han recibido sólo algunos cientos de dólares en compensación y no conocen detalles de la transacción.

Este es el resultado que ha tenido uno de los pleitos de clase radicados tras la explosión, según divulgado en el programa Jay y sus Rayos X.

Además, una decisión del juez federal Francisco A. Besosa del 13 de julio de 2017 tambien provee detalles y cuestiona la etica de los abogados que llevaron el pleito de clase. Ese cuestionamiento a la etica de los abogados de parte del juez Besosa no ha tenido consecuencias disciplinarias contra los abogados que se conozcan hasta ahora y el mismo juez no dijo en la decisión si los estaba refiriendo para procesamiento.

La refinería explotó en la madrugada del 23 de octubre de 2009 y, aunque no hubo víctimas fatales, hubo consecuencias para la salud de los residentes de Cataño y áreas circundantes así como daños estructurales a sus viviendas.

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A la comunidad llegaron grupos de abogados para iniciar pleitos contra los responsables pero, al cabo de siete años, lo que los afectados han recibido son cheques de entre $300 y $500, cuando, por otro lado, los abogados se repartieron por lo menos $3.2 millones de una transacción de unos $12 millones, según el reportaje televisivo.

Los cuestionamientos a los abogados fueron como parte de un pleito que ellos mismos provocaron cuando el bufete Parker Waichtman LLP demandó a John F. Nevares and Associates PSC, Salas LC y a Quetglas Law Firm por disputas sobre un acuerdo confidencial que habían firmado entre ellos para controlar el trabajo y la compensación de cada uno en el trámite del pleito en representación de una clase compuesta por poco más de 3,000 afectados por la explosión.

El juez Besosa encontró que no podía ordenar que se cumpliera con el contrato porque el contrato 'está conectado con un acto inmoral' por el hecho de que cada firmante acordaba ocultarle a los clientes cuánto habían cobrado de la transacción como parte de su compensación. Ocultar los honorarios de abogado es en contra de los principios eticos de la profesión.

'[E]l acuerdo de CAPECO es contrario al orden público', dijo el juez sobre el acuerdo que suscribieron entre ellos sobre cómo llevar el caso. 'El tribunal no va a ayudar a las partes contratantes a perfeccionar su transgresión (etica) mediante poner en vigor el acuerdo de CAPECO', dijo tambien.

En el reportaje hecho este año, meses despues de la decisión de Besosa, Nevares dice que cuando termine de desembolsar la compensación a todos los clientes les va a divulgar los detalles de la transacción.

Hasta ahora, no se conoce que los abogados hayan enfrentado consecuencias disciplinarias por este caso, ni en la jurisdicción federal donde se llevó a cabo el litigio, ni en la jurisdicción local.

Para ver la decisión del juez Besosa, mire aquí:

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