La versión más reciente del Plan Fiscal del gobierno central, que debería determinar el futuro de Puerto Rico y dar algún grado de certeza a los ciudadanos, negocios e inversionistas para que apuesten a la moribunda economía de la Isla, está construido sobre proyecciones económicas totalmente incompatibles con la experiencia histórica de los lugares que han sido destruidos por huracanes en Estados Unidos y el mundo.

El plan tambien es incompatible con lo que ha sido la trayectoria económica de Puerto Rico, que, según expertos, en los pasados 30 años nunca ha tenido un crecimiento anual como el estimado para el año fiscal 2019 por el equipo económico del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El grupo es capitaneado por un dúo de funcionarios inexperto en finanzas públicas: Christian Sobrino, representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), principal asesor económico del Gobernador y presidente del Banco Gubernamental de Fomento y de la Junta de Directores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); y Gerardo Portela, director ejecutivo de AAFAF, y por virtud de su posición, miembro de las juntas de directores de todas las corporaciones públicas. Ninguno de los dos tiene estudios o experiencia en finanzas públicas, ni en el gobierno.

Esta es la novena versión de un plan fiscal y de crecimiento económico que el gobierno de Puerto Rico realiza en los últimos dos años y medio. Las primeras tres versiones fueron preparadas por la administración del ex gobernador Alejandro García Padilla y las restantes seis por la de Rosselló Nevares.

Aunque el costo total de este ejercicio de planes fiscales no ha sido informado por el ejecutivo, los contratos de los asesores que trabajan para producir el plan al presente ascienden a más de $90 millones, según una búsqueda realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Una petición de información a la AAFAF sobre el gasto en consultores que trabajan el plan fiscal y cuánto está presupuestado no fue atendida.

Pese a toda la inversión de tiempo y fondos públicos, todos los planes coinciden a rasgos generales en las medidas basadas en proyecciones de crecimiento de la economía de Puerto Rico no sustentadas, que demuestran el alto nivel de incertidumbre que permea el proceso. A manera de ejemplo, en diciembre de 2016, la Junta de Control Fiscal proyectaba un -17.10% para el año fiscal 2018, sin el escenario del huracán María. Luego, la proyección fue revisada por el gobierno a -2.8%, y finalmente, tras el huracán, se sitúa en -11%.

Ninguno de los planes ha mostrado el detalle tecnico y metodológico de cómo llegó a los números que plantea. Los principales acreedores de la deuda pública se han opuesto a todas las versiones.

Los planes comparten un problema esencial: ninguno refleja realmente lo que será el futuro de Puerto Rico ya que será el Tribunal Federal y el proceso de reestructuración de la deuda lo que al final del día decida cuánto dinero habrá disponible para la operación del Gobierno y cuánto irá destinado al pago la deuda pública. Esto da al traste con buena parte de lo propuesto en los documentos.

Esto fue lo que encontró el CPI tras revisar las distintas versiones del plan fiscal del gobierno central, al igual que varios análisis y estudios independientes sobre el impacto de huracanes alrededor del mundo acerca de las proyecciones que hace tanto la Junta de Control Fiscal (JCF) así como el Gobierno.

Entre estos, uno de los más contundentes es el estudio El efecto causal de catástrofes ambientales en el crecimiento a largo plazo de la economía: evidencia de 6,700 ciclones de los economistas Solomon M. Hsiang y Amir S. Jina, para el National Bureau of Economic Research de Cambridge, Massachusetts (NBER). El NBER es una organización apolítica, sin fines de lucro, dedicada a la investigación de asuntos económicos.

Y el gobierno y la Junta conocen los hallazgos de este estudio. Amir Jina fue uno de los ponentes invitados por la entidad creada por el gobierno federal a una poco concurrida sesión pública en noviembre. Durante su presentación, Jina afirmó que existe un claro patrón despues de un huracán a que haya una tendencia negativa en crecimiento económico hasta por lo menos 15 años despues del evento atmosferico. El estudio demuestra además que la gran mayoría de las economías impactadas no recuperan el nivel que tenían previo al huracán hasta por lo menos 20 años despues, y en algunos casos hasta 30 años.

Estos resultados que Jina y su grupo han obtenido se corroboran independientemente de los fondos de recuperación que le sean inyectados, de las políticas públicas que implanten, del tamaño del país o jurisdicción, o si es rico o pobre.

Aún economías que llevaban un crecimiento positivo, continuarían en positivo, pero por debajo del ritmo de crecimiento que llevaban.

'Quizás hay supuestos bien fuertes que implican que Puerto Rico regresará a crecimiento positivo, pero a base de nuestra investigación general y lo que hemos encontrado mirando todo huracán ocurrido [entre 1950-2008], vemos que si Puerto Rico hubiera permanecido con una trayectoria de crecimiento 'flat' como se anticipaba, [el huracán María] implicaría que la economía iría a negativo', explicó el economista en entrevista con el CPI.

En contraste, el gobierno proyecta en el Plan Fiscal enviado a la Junta que la economía crecerá todos los años con excepción del presente, con alzas en el Producto Nacional Bruto (PNB) que van desde 8.4% en el fiscal 2019 a 2.1% en el 2023.

El estudio, que analiza el impacto económico de todos los ciclones ocurridos en el planeta desde 1950 hasta el 2008, ha sido replicado por el Fondo Monetario Internacional, la Universidad de Heidelberg, Alemania, y la Universidad de Arizona con los mismos resultados, sostuvo Jina.