Las uniones de empleados públicos, mediante sus representantes legales, radicaron una moción ante la jueza Laura Taylor Swain, quien dirige el caso de quiebra de Puerto Rico, a los fines de conocer el paradero del dinero que suponía ser destinado a sus cuentas de retiro pero que parece haber sido desviado por el Gobierno.

En el documento legal, las organizaciones aluden a que el Plan Fiscal sometido el pasado 12 de febrero a la Junta de Control Fiscal (JCF) por parte del Estado y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) carece de detalles respecto al 'estatus, localización, segregación, inversión y manejo de contribuciones permanentes obligatorias de los empleados públicos a sus cuentas individuales de jubilación'.

Basado en la información, el Gobierno ostenta una cuenta de $133 millones de las aportaciones definidas de los empleados, dinero mezclado con el monto de otros bienes gubernamentales, como el repago de prestamos, entre otros.

Las uniones se enteraron de la existencia de esos datos mediante la publicación de un reporte de fin de año publicado por AAFAF.

'Si el dinero de los propios empleados ha estado bajo un colchón todo este tiempo y mezclado con otro dinero para arrancar, los empleados tienen derecho a saber de inmediato sobre el abandono del deber del Estado', señala la petición, firmada por un conglomerado de más de cinco organizaciones.

El escrito de unas 44 páginas enfatiza en que las entidades gubernamentales no han sabido separar sus cuentas y bienes de aquellas sumas provenientes de aportaciones individuales de los empleados públicos, actos que atentan contra la Ley 106 del 2017, aprobada en agosto.

Los grupos representados incluyen a la Federación de Maestros, a los Servidores Públicos Unidos y al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, entre otros.

El escrito insiste en que el Plan Fiscal sometido por el Gobierno ha ignorado las estipulaciones de la mencionada ley y apunta a la JCF como cómplice, pues han tolerado el incumplimiento del Estado.

'Como resultado, con cada día que pasa la moral de los empleados públicos continúa decayendo. No puede haber confianza cuando estas deducciones mandatorias a cada cheque van a cuentas del Gobierno de las que los empleados, contrario a la ley, no tienen control o conocimiento específico', asegura la petición.

En total, se trata de más de 40,000 empleados de Gobierno cuya mayoría ha experimentado deducciones mandatorias por los pasados 18 años.

Este pedido surge en medio de la suspicacia que ha rodeado la venta de activos de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), cuyos ingresos suponen ser utilizados para capitalizar los fondos de retiro de los empleados. Del mismo modo, sale a relucir tras los cuestionamientos del magisterio respecto a sus aportaciones al Sistema de Retiro si decidieran transferirse a una escuela 'charter'.

La moción se ampara en la regla 2004 de las Reglas Federales del Proceso de Bancarrota, las cuales son a su vez aplicables mediante el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles).

'Este pedido de información por parte de las uniones está diseñado para conocer el estado de las contribuciones de los empleados. Esto no es un esfuerzo para desviar el caso. Es un esfuerzo para proteger la propiedad ganada con trabajo arduo de los servidores públicos en un momento en que lo necesitan más que nunca para la recuperación de sus familias y su Isla de un desastre natural devastador, en un período de inseguridad profunda y de incertidumbre cuando la fe en un retiro seguro es más importante que nunca', clama el documento.

La vista para atender este pedido será el 25 de abril de 2018, a las 9:30 a.m.