Los licenciados Marcos Rodríguez-Ema y Melba Acosta Febo, quienes cumplieron funciones similares en las administraciones, respectivamente, de los exgobernadores Luis Fortuño y Alejandro García Padilla, son parte de la nueva plantilla que anunció hoy el bufete McConnell Valdes LLC.

Rodríguez-Ema entra como socio capital, lo cual generalmente implica que tiene inversiones en el bufete y que recibe una parte de las ganancias generadas por el resto de los abogados. En ese grupo, el exsecretario de la Gobernación de Fortuño entra junto a la exfiscal federal lMaría Domínguez Victoriano, quien dirige la oficina de Miami del bufete, y con Patricia George Iguina.

Por su parte, Acosta Febo está anunciada en la lista de abogados que son nuevos al bufete, y que tambien incluye a la exsecretaria de Hacienda, tambien de la administración del exgobernador Pedro Rosselló, Xenia Velez.

Acosta Febo entra en el área de Corporaciones a la que tambien pertenece Rodríguez-Ema quien, a la vez, es el jefe de la práctica de Asuntos Gubernamentales, un termino que se usa comúnmente para denominar a los que se dedican al cabildeo.

En sus biografías oficiales para el bufete, Rodríguez-Ema realza su historial, desde 1993 en la Administración Rosselló, en las privatizaciones gubernamentales, y su involucración en el sector privado como ejecutivo de Empresas Fonalledas y con la firma de consultoría PREDCO LLC. Acosta Febo, por su parte, destaca su desempeño en distintas posiciones financieras bajo la Administración García Padilla donde, igual que Rodríguez-Ema, fue presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, y tambien la Principal Oficial Financiera del gobierno.

Por las posiciones gubernamentales que ocuparon, ambos exfuncionarios todavía pueden tener asuntos que atender en las indagatorias que se están haciendo, y las controversias que están vigentes, en el caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico sobre la legalidad de transacciones financieras públicas.

Domínguez recientemente figuró como la abogada del senador Abel Nazario en el caso criminal que la fiscalía federal le presentó por supuesto mal manejo de fondos en el municipio de Yauco, así como en el caso de la Reforma de la Policía, como representante del Gobierno de Puerto Rico.

La oficina de Miami tiene la encomienda de trabajar tambien clientes en America Latina y otras jurisdicciones internacionales.

El bufete tiene unos 200 abogados y personal de apoyo.