El Departamento de Justicia inició una investigación preliminar contra Sergio Ortiz Quiñones por la posible comisión de actuaciones delictivas mientras era comisionado de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Fabiola Acarón.

A tenor con la Ley 2 del 23 de febrero de 1988, el Departamento de Justicia cumple con las disposiciones de dicha ley al notificar al OPFEI el inicio de la investigación preliminar de este caso que fue referido el 3 de abril pasado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

La carta firmada por la Secretaria de Justicia establece que la querella 'contiene información que constituye causa suficiente' para realizar la investigación preliminar.

Una vez recibido, el asunto fue referido a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia para su evaluación correspondiente y, a la luz de lo alegado en el referido y la recomendación de la fiscal Acarón, se procederá a investigar preliminarmente para poder determinar la posibilidad de existencia o inexistencia de comisión de delito.

El caso había sido referido a Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el año pasado por el representante Jose Aponte Hernández, quien alegó que Ortiz Quiñones, fungiendo como presidente de la Junta la Corporación de Seguros y Supervisión de Cooperativas (COSSEC) votó por el mismo para ser presidente ejecutivo en propiedad de la mencionada corporación, 'con conocimiento del beneficio económico que eso representaría'.

'Cabe señalar que el mismo día en el que se eligió al señor Ortiz Quiñones como presidente ejecutivo, este votó a favor de una transacción con la cual se autorizó el intercambio de acciones preferidas de COSSEC por bonos del gobierno de Puerto Rico, a pesar de que, según trascendiera públicamente, informes internos y externos de la corporación no recomendaban su implementación, ya que representaba perdidas para la misma', agregó Aponte Hernández en su carta a la titular de Justicia.

'Este funcionario, Sergio Ortiz, ha sido señalado por posibles actos de corrupción pública desde el año 2014. Su paso por el liderato del movimiento cooperativista en Puerto Rico fue marcado por el despilfarro de fondos públicos en lujosos agasajos para los amigos del alma y parientes del corazón, así como el uso, indebido e ilegal, de vehículos del gobierno y la utilización de su puesto para enterrar las cooperativas con una dudosa transacción', alegó el representante.

Por su parte, Ortiz Quiñones, quien tambien fue representante en la Cámara por ocho años, reaccionó diciendo que la investigación es una treta política y que no lo desviará de su aspiración a convertirse en el próximo alcalde de Isabela.

'Llevo años en el servicio público y he tenido el honor en ser un funcionario electo por mis compueblanos. Esa experiencia me ha ayudado a crecer y a diferencial entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral, entre lo que son las cosas serias y lo que es el juego político. Hoy, nuevamente como en otras ocasiones se prestan para el juego político buscando cambiar el tema ante el desastre de este gobierno', afirmó hoy Ortiz Quiñones.

'Hace unos días el Departamento de Justicia decía públicamente que no haría expresiones sobre posibles investigaciones, y hoy lo hace. Que casualidad. Nada más con el testigo. Seguire trabajando duro para convertirme en el próximo alcalde de Isabela. Y seguire con mi frente en alto. Que fácil es tratar de mancillar sin evidencia. La secretaria no debe prestarse para eso. Ella mejor que nadie debe saber lo que sufre la familia y los seres queridos de insinuaciones sin fundamentos. ¿Quisiera saber por que se me investiga?', manifestó en declaraciones escritas.