La secretaria de Justicia y posiblemente la próxima gobernadora, Wanda Vázquez Garced, cometió acciones que la inhabilitan para trabajar en ambos cargos por ser coautora, encubridora y artífice de esquemas de corrupción que precisamente aceleraron la salida del poder de Ricardo Rosselló.

'Documentos en poder de En Blanco y Negro con Sandra constatan que Vázquez incurrió en una serie de delitos y violaciones de ley que conllevan prisión por negarse a investigar el escándalo de los vagones en la distribución de los suministros con ayuda tras el huracán María', de acuerdo con la periodista Sandra Rodríguez Cotto.

Sin embargo, en declaraciones escritas, Vázquez Garced rechazó categóricamente expresiones contenidas en el blog que alega que pudo haber cometido algún acto indebido.

Según Rodríguez Cotto, también hay prueba documental que coloca a Vázquez negándose a investigar un caso referido por el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, relacionado un esquema de venta de influencias en el otorgamiento de licencias para negocios vinculados a la Junta del Cannabis Medicinal. Ese esquema toca a La Fortaleza.

Los documentos incluyen copias de correos electrónicos, mensajes de chat, documentos de empresas vinculadas al Cannabis Medicinal, reglamentos, un informe hecho por Maldonado y un referido a Justicia.

Agrega la periodista que 'los documentos evidencian que Vázquez cometió una serie de delitos como la violación del Artículo 262 del código penal de incumplimiento del deber, el Artículo 263 negligencia en el cumplimiento del deber y el Artículo 280 de encubrimiento por negarse a investigar las irregularidades y traqueteos relacionados con el programa de Unidos por Puerto Rico de ayuda a los damnificados por el huracán'.

El segundo caso se relaciona a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal donde Vázquez, de acuerdo con los documentos, supo de un esquema de venta de influencias entre otras violaciones de ley.

'Hasta el día de hoy, Vázquez no ha realizado la investigación requerida, ni tampoco actuó la jefa de fiscales Olga Castellón. Esto plantea un patrón de procesamiento selectivo y doble vara al momento de investigar casos de corrupción. Este caso se remonta a una serie de presiones indebidas y conflictos de interés cometidos por la exasesora del gobernador en el área de desarrollo e infraestructura, María Palau y su esposo, el abogado José Giovanni Ojeda Rodríguez. Los documentos constatan que el matrimonio intentó y presionó para que se le otorgaran unas licencias para la operación de centros de cannabis medicinal a unas 69 empresas vinculadas a intereses de Ojeda Rodríguez', dijo la periodista en su publicación.

Vázquez Garced, en su reacción dijo que 'en cuanto a una información de un referido que hizo el Lcdo. Raúl Maldonado sobre alegadas irregularidades en la industria del cannabis, la misma fue referida como corresponde a la Oficina de la Jefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, y actualmente dicho asunto se encuentra bajo investigación activa en el Departamento de Justicia'.

'Sobre otro asunto mencionado en el artículo que se refiere a un segmento de una conversación con el entonces Secretario de la Gobernación, la misma pretende ser interpretada de manera errada e incorrecta', afirmó la Secretaria, reconociendo el uso del chat para asuntos oficiales y el posible imcumplimiento de sus deberes.

'Durante nuestra carrera en el servicio público, hemos demostrado que hemos trabajado de manera íntegra y honesta en beneficio del pueblo. Las interpretaciones publicadas hoy corresponden a ataques viciosos que pretenden atacar nuestra integridad. La interpretación que se le ha dado a estos asuntos es falsa y difamatoria', manifestó Vázquez Garced.

Mientras, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, dijo hoy que los abogados del área investigativa ya están evaluando los documentos para determinar posible comisión de delitos.