Cosecha frutos el verano de 2019. Un grupo de ciudadanos creó una herramienta digital para denunciar actos de corrupción, los cuales serían investigados de forma independiente al Gobierno para evitar que se 'amapuchen' los casos y se tomen represalias con los servidores públicos que quieran delatar irregularidades en la administración pública.

La iniciativa denominada Vigilantes Anticorrupción es una secuela de la jornada de protestas y el movimiento civil del llamado Verano del '19 que pretende ofrecerles una opción segura a aquellos ciudadanos que, comprometidos con erradicar la corrupción, han sido o son testigos de posibles traqueteos en el Gobierno y no se atreven a tomar acción por temor a represalias.

Aunque el artículo 4.2 del Código Anticorrupción (Ley 2 de 2018) prohíbe expresamente que se despida, se amenace o se discrimine contra un servidor público que provea o intente proveer testimonio o información sobre uso ilegal de propiedad o fondos públicos, de acuerdo con la fundadora del Centro Para Una Nueva Gobernanza, Heidie Rosado Nieves, la realidad es otra.

'La ley es bien linda escrita, pero cuando te vas a su ejecución es totalmente opuesto. Yo viví lo que pasan los empleados cuando señalan algo que no está correcto. Así que la ley puede sonar todo lo bello y precioso que quieran', aseguró a NotiCel esta femina, quien fue testigo federal en el caso por corrupción contra los convictos Sally López y Anaudi Hernández en la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) bajo la administración de Alejandro García Padilla.

Rosado Nieves laboró por cerca seis meses como encargada de los fondos de la Ley Federal de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA, por sus siglas en ingles) bajo la administración de la hoy convicta y testificó en el proceso judicial sobre las órdenes para favorecer al otrora recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) y los pagos de facturas por servicios y montos inflados presentadas por las empresas de Hernández.

'Quienes hemos trabajado en el Gobierno sabemos que a la que tú te vas a un supervisor, pero aún, a la oficina de recursos humanos que está dirigida por un puesto de confianza por el partido político, no van a llevar a cabo las reglas de recursos humanos. ¡Lo menos que tienen es de recursos humanos! Te van a etiquetar, te van a poner el sello de chota y van a empezar a hacerte la vida de cuadritos', sostuvo quien vivió en carne propia las represalias contra funcionarios de la ADL y hasta cierto punto cómo se normalizaban las irregularidades observadas por los trabajadores, ya fueran favores políticos, el amiguismo y otros trucos.

Todos saben de la corrupción imperante en la administración pública pero no hablan, aseguró, por el temor a caer en una especie de lista negra.

'El primer cómplice de la corrupción son los que tienen los puestos de confianza, y no te estoy hablando solamente de los secretarios, son los que se reportan a los secretarios. Esos son los que tapan los procesos', puntualizó Rosado Nieves, quien identifica la raíz del problema en que se convierte en un círculo vicioso.

El funcionario denuncia un posible acto de corrupción; los superiores lo 'amapuchan' y toman represalias contra el servidor público que dio la información. El patrón es observado por el resto de sus compañeros de trabajo, por lo que se va estableciendo una especie de ley del silencio que evita que otros denuncien irregularidades para evitar meterse en problemas.

Ante esta problemática es que se crea el Centro para una Nueva Gobernanza, una entidad sin fines de lucro que nació como una iniciativa en la Asamblea de Pueblo que se llevó a cabo luego del Verano del '19 en la Plaza Roosevelt en Hato Rey, para sacar a la luz pública las irregularidades en el Gobierno y que puedan ser investigadas de forma independiente.

Es una forma de pasar de la indignación a un proyecto que permita empoderar a los ciudadanos decentes a luchar con acciones contra la corrupción que por muchas administraciones ha silenciado, callado y engavetado, aseguró.

Los casos que involucren fondos federales serán referidos a las autoridades federales, no obstante, los casos de fondos estatales se harán públicos para obligar al Departamento de Justicia (DJ) de Puerto Rico a investigar, porque no existe confianza ni en el DJ ni en las otras entidades locales encargadas de investigar lo que ocurre en su Gobierno. Además, se ofrecerá orientación sobre los derechos y apoyo emocional, del informante solicitarlo.

'La secretaria del Departamento de Justicia (DJ) (Wanda Vázquez) que hoy ocupa el trono (gobernación) le ha dado impunidad. El Partido Nuevo progresista (PNP) no ha tenido ningún proceso interno de ellos, de ellos investigar casos de corrupción. Ni los penepes ni los populares. No va a ocurrir', sostuvo Rosado Nieves.

Vigilantes Anticorrupción viene a facilitarles a los servidores públicos y a todo ciudadano que puedan informar sobre cualquier acción que entienda pudiera ser ilegal, bajo estricta confidencialidad. Todo el procedimiento, incluyendo anejar documentos y/o evidencia, se puede hacer en línea. El informante puede dar seguimiento y comunicarse con los investigadores, no así si prefiere mantenerse en el anonimato.

'Para mí lo más importante es proteger la identidad de quien nos da la información. Incluso, si tú quieres no me tienes que dar ni el nombre. Yo lo que quiero es la información para poder investigar', señaló la fundadora de la herramienta digital.

Por su experiencia, tampoco confía en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que se ha convertido en un 'hub' de corrupción.

'Dame toda la información y yo Gobierno empiezo a prepararme para lo que estos empleados están diciendo. Se cae de la mata. El senador Miguel Romero está tan y tan desconectado de la realidad o se hace el loco de lo que ocurre dentro de una agencia de empleo cuando un empleado señala que algo no está bien, porque lo primero que hacen es callarlo. Así que tú no puedes tener un espacio para que este empleado hable que le pertenezca al Gobierno porque lo primero que van a hacer es callarte', apuntó Rosado Nieves.