Dos abogados de la firma O’Melveny, que representa al Gobierno de Puerto Rico, repasaron las necesidades económicas luego de la pandemia.

El gobierno federal de los Estados Unidos podría verse obligado a implementar algunos cambios en la relación con sus gobiernos estatales en el proceso o una vez finalizada la pandemia del coronavirus, o COVID-19, según un análisis del bufete californiano O’Melveny & Myers LLP, que también prevé consolidaciones en el sector empresarial.

Al centro de las acciones a tomar, de acuerdo al informe, la palabra clave es la reestructuración, tanto de deudas como de modelos de negocios. La alternativa, en cambio, es la bancarrota o perecer.

“La crisis económica del 2020: Una perspectiva histórica sobre la angustia económica global y el impacto único que tendrá la crisis del COVID-19 en las reestructuraciones de los Estados Unidos” fue escrito por Jacob T. Beiswenger y John Rapisardi, especialistas de reestructuración e integrantes del bufete O’Melveny. Esto sustenta la inclinación de ambos autores con ese concepto y la manera en que lo vislumbran como la opción más viable.

Rapisardi, particularmente, es el principal abogado de reestructuración de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en los procesos de Título III para la isla bajo la Ley PROMESA.

Justo antes de la pandemia, la Junta de Control Fiscal (JCF) celebró el logro de reestructurar la deuda del Gobierno de Puerto Rico en un 70%, de $35,000 millones a $11,000 millones. El COVID-19, no obstance, puso en pausa los procesos, a la misma vez que trastocó la realidad económica junto al cúmulo de emergencias registradas en la isla por los pasados tres años, como huracanes y terremotos.

“La realidad es que la economía va a necesitar someterse a una reordenación dolorosa, similar a lo que ocurrió luego del 9/11. La vida nunca será igual. A aquellas compañías que fueron respaldadas por deuda barata les puede resultar difícil reestructurar, incluso con la liquidez disponible. Ciertamente, ocurrirán consolidaciones en muchas industrias y despidos”, señala el informe de O’Melveny.

El documento no hace mención específica a Puerto Rico, pero sí afirma que tanto estados, como territorios y municipios de los Estados Unidos están bajo gran tensión económica, lo que abona al complicado panorama en la nación norteamericana.

El análisis cita un estudio del 2019, el cual asegura que al menos 40 de los estados en deuda no cuentan con dinero suficiente para pagar sus obligaciones. El déficit de California, por ejemplo, es de $275,000 millones, por lo que se encuentra en la primera posición. Pennsylvania, que ocupa el quinto lugar de esa lista, tiene un déficit de $75,000 millones.

«Mientras que demasiada austeridad podría ser perjudicial para una economía y podría extender la gravedad de una recesión, no imponer restricciones financieras puede ser igual de perjudicial si se permite que continúe el comportamiento riesgoso sin consecuencias», declara el texto.

Como parte de las medidas que podrían adoptarse en Puerto Rico, el presidente de la JCF, José Carrión III, apoyaría frenar el recorte propuesto a las pensiones de los retirados, pues el COVID-19 empeoró la situación económica de Puerto Rico.

Los autores afirman que la crisis ha comprobado que los gobiernos estatales son más cercanos a las personas a las que sirven y están más aptos que el gobierno federal para administrar los recursos.

A modo de respuesta de la pandemia, algunos gobiernos estatales adoptaron medidas proactivas, como limitar los eventos sociales, en vez de esperar a la reacción y las directrices del presidente Donald J. Trump. El estudio menciona como ejemplos a Nueva York y Nueva Jersey.

Es por eso que en estos casos, se espera que el gobierno federal se movilice de forma más rápida e imponga órdenes amplias, en vez de guías particulares.

“Queda por ver qué tan rápido se reiniciará la economía de los Estados Unidos a medida que disminuya la propagación del virus COVID-19 y se levanten las restricciones a la actividad diaria. ¿Qué tan alto alcanzará la tasa predeterminada? ¿Serán suficientes los paquetes de estímulo federal y los bloqueos de liquidez ‘temporales’ para mitigar el daño? ¿Cuál será la nueva normalidad para las personas y las empresas en una economía pospandémica?”, cuestiona el informe.

Según Beiswenger y Rapisardi, el riesgo económico sustancial al que se enfrentará Estados Unidos tras la crisis del COVID-19 estará agravado con el hecho de que las empresas optaron por tomar prestado por una década, en lugar de invertir sus ganancias y ahorros en sus propias operaciones.

En ese aspecto, esta crisis creará oportunidades para el mercado de deuda privada, industria que nació “esencialmente por la crisis financiera mundial de 2008-2009, ya que las respuestas legislativas se centraron en restringir las actividades crediticias de la banca tradicional, lo que permitió a las instituciones no bancarias llenar ese vacío en busca de un mayor rendimiento”.

A grandes rasgos, según el informe, la crisis cambiará la forma en que se hacen negocios.

También quedará evidenciado que el trabajo desde el hogar es más que efectivo, lo que a su vez llama a mejorar las velocidades de internet; una evaluación del costo de la educación postsecundaria; y la necesidad de mejorar el sistema de salud.

Este es solo uno de varios análisis que no vislumbran un “retorno a la normalidad” en el futuro cercano. Otros afirman que, hasta que no se desarrolle una vacuna, continuarán las medidas de distanciamiento social, el pedido de administrar cantidades masivas de pruebas para detectar el COVID-19 y la vigilancia de grandes proporciones.