La movida, que debe comenzar con el inicio del próximo año fiscal, no aplicará a propiedades que están registradas, valorizadas y que están en cumplimiento con el CRIM, se aclaró.

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) lanzó un nuevo proyecto tecnológico con el que espera identificar cerca de 239,000 propiedades que no están registradas en la agencia y otras 500,000 que hicieron mejoras y no las han reportado a la agencia.

La movida, que debe comenzar con el inicio del próximo año fiscal no aplicará a propiedades que están registradas, valorizadas y que están en cumplimiento con el CRIM, se aclaró.

El proyecto utilizará los mapas generados por el Proyecto de Fotometría del CRIM del 2017 y comparará esas fotos con las que tiene la agencia del año 2007. De esa forma se identificarán propiedades que aunque existían no aparecen registradas; se detectarán nuevas estructuras en lugares donde no las había; así como cambios en el tamaño de las estructuras, edificaciones y composición de la propiedad.

Además de las propiedades mencionadas anteriormente, el proyecto de fotometría identificó también cerca de 25,000 piscinas que tampoco aparecen registradas en el CRIM.

El director ejecutivo de la agencia, Reinaldo J. Paniagua Látimer, se abstuvo de hacer una proyección de cuanto al recaudo adicional producirá esta gestión, pero la Junta de Supervisión Fiscal estimó en el Plan Fiscal que aprobó para el CRIM que la misma podría producir cerca de $500 millones adicionales en los próximos cinco años.

“Sería muy prematuro decir hoy exactamente cuánto esto va a generar, porque esto es un proyecto piloto y sería muy especulativo decir que esto es lo que se va a levantar en términos de cobros”, dijo Paniagua.

“Yo puedo asegurar”, agregó, “que aquí hay mucha gente que va mantener su estatus de exoneración, pero así también vamos a encontrar unas propiedades que van a pagar y esto va a provocar cobros adicionales para el CRIM y para los municipios”.

No se comprometió con los estimados de la Junta y afirmó que “ellos hacen sus propias proyecciones y eso es lo que ellos entienden que podría producir esto y por eso está en el plan fiscal, pero nosotros siempre hemos sido renuentes a dar números específicos porque nadie puede a ciencia cierta decir cuanto va a ser el recaudo”.

El nuevo proyecto, indicó el director de Administración, Pedro Ortíz, fue desarrollado dentro del CRIM a un costo estimado de $533,000, cifra que incluye el desarrollo de la tecnología.

El Proceso

Según se explicó, este proceso tiene varias etapas. Se inicia con un pareo para comparar la información de los mapas e identificar cualquier cambio, visto solo desde su exterior. Allí donde se detecte el cambio se notificará por escrito al dueño de la propiedad, que tendrá entonces 30 días para responder. Si está de acuerdo enviará los documentos requeridos y cualquier evidencia que sostenga un reclamo de exención.

Si la propiedad es utilizada como residencia principal el dueño podrá solicitar la exención residencial. De no ser ese el caso se procederá a valorar la misma mediante el sistema tecnológico del CRIM.

De objetarse la clasificación o valorización que otorgue la agencia, el ciudadano tendrá disponible los mecanismos para solicitar la revisión de su caso, se aseguró.

Todo este esfuerzo, recalcó Ortíz, se desarrollará gradualmente y según se amplíe la base de datos se irán agregando áreas y funciones al sistema hasta completar la actualización de los registros del CRIM.

El director ejecutivo afirmó, por su parte, que esto es un primer paso para alcanzar dicho objetivo, y que lo próximo será actualizar los mapas fotométricos del 2017 para traerlos al presente.

Destacó que entre los beneficios de esta gestión está el hacer justicia a los ciudadanos que cumplen con su obligación; actualizar la base de datos del CRIM y actualizar la valorización de las propiedades que hayan registrado cambios su estructura.

Para los nuevos registros hay también beneficios pues se les proveerá un número catrastral a la propiedad que podrá ser utilizado como identificación de la misma en procesos con entidades financieras, seguros, procesos de compra-venta y hasta para gestionar ayudas de FEMA en caso de pérdidas por desastres.

Apoyo Interagencial

En este esfuerzo y otros futuros dirigidos a los mismos objetivos de actualizar el registro, el CRIM está apoyado por otras agencias con la que ha establecido acuerdos para intercambio de información.

Ese es el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que le suple al CRIM información sobre las cuentas y contadores activos y las direcciones donde están ubicados los mismos, lo que permite identificar propiedades que no están registradas, pero que tienen cuentas con la AAA.

De la misma forma, informó Paniagua, en un “pequeño proyecto piloto” con esa agencia se identificaron cerca de 45,000 facturas que tenían registro residencial, pero cuentas comerciales con Acueductos. “Eso ha traido pagos por cerca de $19 millones”, dijo.

Las otras agencias con las que se están negociando acuerdos son el Fondo del Seguro del Estado, el Departamento de Hacienda y Oficina de Gerencia de Permisos “y se siguen sumando acuerdos de colaboración”.

Adelantó Paniagua que además se está en conversaciones con la Compañía de Turismo para intercambiar información que identifique a aquellos dueños de propiedades residenciales que disfrutan de exención por supuestamente ser la primera vivienda o residencia principal del ciudadano, pero que están alquilando las mismas con contratos a corto plazo a través de las distintas plataformas que operan ese tipo de negocio y mediante otras vías.