Radicado tardíamente, el informe de Melinda Romero Donelly incluye reembolso de gastos por dieta diaria y quejas de que a los delegados no le cubran los beneficios marginales de empleados de PRFAA.

Sin identificar ninguna de las personas con las que supuestamente se ha reunido para cumplir con su responsabilidad legal de adelantar la estadidad, la delegada congresional Melinda Romero Donelly sometió tardíamente el martes su primer informe de gestión.

La exlegisladora coincide con su compañera de delegación, Elizabeth Torres Rodríguez, en señalar total falta de cooperación y asistencia por parte de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA en inglés) en los trabajos de la delegación así como completa inaccesibilidad al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para ejecutar los planes que cada delegado tiene para cumplir con el mandato de la Ley 167 de 2020, bajo la cual fueron electos para un término que expira a fin de diciembre de 2024.

“Los primeros tres meses han sido intensos y bastante poco ortodoxos”, comentó Romero Donelly en el informe hecho en el idioma inglés.

El informe de Romero Donelly llega casi una semana después del plazo de 90 días que establece la ley y que venció el 29 de septiembre pasado. De hecho, Torres Rodríguez, quien lleva semanas en disputa agria y pública con Pierluisi Urrutia y el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, refirió a Romero Donelly y a la delegada Zoraida Buxó Santiago al Departamento de Justicia por incumplir este requisito de ley. La demora de Romero Donelly no ha sido justificada hasta ahora y la de Buxó Santiago respondería a que juramentó más tarde que el resto del grupo, por lo que no le han vencido los 90 días todavía.

El mismo martes, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que ordena la fiscalización de la Delegación mediante vistas públicas y citaciones a los delegados para que rindan cuenta de sus gestiones, principalmente a la luz de que, pagados con fondos públicos, devengan salario de $90,000 anuales y tienen hasta $30,000 anuales en gastos reembolsables.

Romero Donelly acompañó su informe con una reclamación de reembolso de gastos por $5,273.92, lo que la coloca como la tercera delegada que más gastos ha reclamado, detrás de Roberto Lefranc Fortuño ($8,185.05) y la exalcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri ($5783.28). Además de cobrar por gastos de transportación y alojamiento, Romero Donelly es la única delegada que optó por reclamar también una dieta diaria que está sujeta a “lo que determine el personal de PRFAA basado en las políticas del Departamento de Hacienda aplicables a dichos gastos”. Enfatizó también que hay muchos otros gastos relativos al ejercicio del cargo que no está incluyendo.

La delegada reclama que ha trabajado 518 horas tanto en planes de grupo, como la “Delegación Extendida” que estableció el delegado Ricardo Rosselló Nevares, como en planes individuales que consisten en reunirse por Zoom con 16 congresistas, y decenas de otro tipo de personal, aunque no identificó a ninguno.

“La verdad es que no hay voluntad para colaborar con la Delegación y una cierta cantidad de desconfianza es palpable en la oficina de PRFAA, lo que hace nuestra presencia allí altamente incómoda”, dijo sobre las relaciones entre la Delegación Congresional y la agencia de gobierno que, como representante de Pierluisi Urrutia, es el único enlace que dispone la ley entre el grupo y la estructura del gobierno de Puerto Rico.

La disputa sobre cómo se va a tratar a los delegados, si como empleados de PRFAA o no, aunque parece resuelta, “sigue siendo una espina en la etiqueta apropiada de trabajo de un delegado y añadió a la absoluta falta de comunicación por parte de PRFAA, no hay un canal apropiado de discusión con el Gobernador que es la única persona, por ley que le requiere informes y rendición de cuentas a los delegados”.

Entre los puntos de contención con PRFAA, la delegada consigna que “PRFAA no le provee a los delegados acceso a un plan de salud u otros beneficios”. Esto denota que, mientras que Romero Donelly no quería ser tratada como empleada de PRFAA, por otro lado sí quería acceder a todos los beneficios que tienen los empleados de la agencia.

“La comunicación con PRFAA siguió deteriorándose, al extremo de que no tengo relación de trabajo alguna con la agencia y un casi inexistente acceso para discutir asuntos relevantes con el Gobernador”, afirmó.

Para ver el informe de Romero Donelly, pulse aquí.

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