La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) contabilizó 66 contadores de agua conectados en el manglar invadido en Bahía Jobos, Salinas, y su investigación arrojó que inclusive tienen documentación y hasta escrituras de propiedades.
Fuentes de NotiCel confirmaron que la información de los contadores conectados en el terreno invadido ya fue enviada al Departamento de Justicia, agencia que había solicitado la información como parte de la investigación que realiza sobre los invasores en Bahía Jobos.
La AAA deberá responder durante la investigación si los empleados de esa agencia se dieron cuenta de que estaban conectando servicio de agua a un manglar.
Esta mañana, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, también reveló que se encontraron 47 conexiones eléctricas, aunque dichas cuentas fueron activadas a pesar de que ninguna cumplía con todos los requisitos de conexión.
El informe de la AEE, de 190 páginas, ya fue enviado a LUMA Energy, empresa que deberá confirmar la información plasmada en el informe y proceder a la desconexión de las instalaciones eléctricas.
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La investigación del Departamento de Justicia fue anunciada ayer por el secretario Domingo Emanuelli al informar que la investigación es de carácter criminal.
“Tras evaluar la información que surgió en la reunión ayer, he determinado ordenar una investigación sobre posibles violaciones de carácter criminal en las construcciones y ocupación de los terrenos pertenecientes al DRNA en el área de la reserva en Salinas”, manifestó el secretario en declaraciones escritas.
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Las fiscales designadas a investigar son Zayla N. Díaz Morales y Roxanne Rivera Cintrón, quienes iniciaron el proceso de recopilación de evidencia.
La Bahía Jobos de Salinas es una reserva nacional de investigación y el segundo estuario más grande del país. Sus terrenos pertenecen al Departamento de Recursos Naturales.
Sin embargo, desde hace años se han desarrollado distintos tipos de construcciones en la zona. Algunas estructuras cuentan con agua, luz y sus propietarios han construido muelles aparentemente sin los permisos adecuados de las agencias del gobierno. Además, parte del espacio es alquilado para casas rodantes, entre otros.
El secretario del DRNA, Antonio Machargo Maldonado, ha indicado en repetidas ocasiones que espera presentar algún recurso en los tribunales para desalojar la zona.
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