Con la comparecencia de la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, representantes de LUMA Energy, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otros, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes celebrará hoy, lunes, la primera de varias vistas públicas para atender las denuncias de construcciones ilegales que se han desarrollado en la Reserva Estuaria Bahía de Jobos, en Salinas.
La vista, que está pautada para comenzar a las 9:00 a.m. en el Salón de Audiencias, 1 de la Cámara y que presidirá el representante Edgardo Feliciano Sánchez, será la primera de tres citaciones que anunció dicha comisión para auscultar la presunta ilegalidad de las estructuras que se han levantado en la zona.
Se espera hoy, lunes, comparezca también el agrimensor Carlos Vega, a quien se le atribuye haber realizado un informe que detalla las construcciones ilegales que se realizaron en terrenos de la reserva natural. También se espera que acuda a la vista de hoy personal del Departamento de Recursos Naturales y de la Oficina de Permisos.
La audiencia, que originalmente estaba pautada para un solo día, continuará mañana, martes, con la comparecencia de oficiales del Cuerpo de Vigilantes y del Departamento de Justicia, así como una representación de un consorcio compuesto por los municipios de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas.
Mientras, para el miércoles, 20 de abril, están citados los exsecretarios del DRNA, Tania Vázquez Rivera y Rafael Machargo Maldonado.
Un problema de varias décadas
Desde 1980 la Reserva Estuaria Bahía de Jobos fue declarada reserva natural federal y el DRNA es el custodio.
Sin embargo, la controversia explotó en marzo pasado cuando la representante Mariana Nogales denunció la deforestación y relleno del mangle, así como la construcción ilegal de casas de playa, muelles y otras estructuras.
De igual forma, señaló que algunos de los residentes del lugar contaban con conexión de energía eléctrica y acueductos.
Distintos informes periodísticos apuntaban a que varias agencias y también la alcaldía de Salinas tenían conocimiento de las irregularidades que allí se llevaban a cabo, pero no hubo acción remediativa.
Documentos a los que NotiCel tuvo acceso mostraron que al menos 29 residencias estaban en incumplimiento con los reglamentos de construcción, permisos y planificación en ese lugar.
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El exsecretario del DRNA, Machargo Maldonado, aceptó que conocía de la situación y que se encontraba en el proceso de consulta con distintas agencias para tomar cartas en el asunto, además de denunciar que algunos de los oficiales de su agencia habían recibido amenazas de muerte por parte de algunos propietarios.
El 30 de marzo, el Departamento de Justicia también anunció que llevaba a cabo una investigación de índole criminal sobre las denuncias de construcción e invasión en la zona. Mientras, una semana más tarde, el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, dijo estar atento a lo que sucede en el lugar.
La AEE también inició una pesquisa, en la que confirmaron conexiones de luz fraudulentas en algunas propiedades en el manglar.
Intervención de la Cámara y renuncia de Machargo
Mientras, la Comisión de Recursos Naturales pidió al DRNA presentar toda la documentación en su poder sobre la construcción en la zona y amenazó con llevar a su secretario a los tribunales si no cumplía con la orden, al tiempo que anunció una vista pública para el pasado 4 de abril.
En medio de críticas por su gestión, Machargo Maldonado renunció a su puesto el 1 de abril y en su lugar fue nombrada Anaís Rodríguez Vega.
La vista, en tanto, fue pospuesta porque, entre otras cosas, los legisladores recibieron horas antes el voluminoso expediente del DRNA y no habían tenido tiempo para leerlo. Además, según se indicó, Rodríguez Vega apenas llevaba unos días al frente del DRNA y necesitaba tiempo para prepararse.
En su lugar, la comisión celebró una vista ocular en los terrenos de la bahía, a la que asistieron una veintena de legisladores.
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En el lugar se escenificó un fuerte intercambio de palabras entre el presidente cameral, Rafael “Tatito’’ Hernández Montañez, el representante y ahora candidato a alcalde de Guayama, Luis “Narmito’’ Ortiz Lugo con el ambientalista y excandidato a la gobernación, Eliezer Molina, quien cuestionó la pericia de los legisladores para determinar qué zona de la bahía era una reserva natural y criticó que no citaran al agrimensor Vega, quien ya había realizado ese trabajo años antes y cuyo estudio estaba disponible.
En medio de todo el revuelo que acaparó la atención del país, los dueños de algunos “campers’’ que estaban en el lugar comenzaron a abandonar la zona de la bahía.
En medio de la disputa, expertos ambientales consultados en diferentes fotos coinciden en que el daño ambiental en la zona es prácticamente irreversible y que, en el mejor de los casos, tomaría decenas de años recuperar parte de su condición original.
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