Sin embargo, la gobernadora rechazó que la UPR esté cerrando sus puertas a estudiantes del sistema público mientras alegó que su administración impulsa medidas para ampliar la matrícula.

Por primera vez desde su fundación en 1903, la Universidad de Puerto Rico (UPR) admitió a más estudiantes de colegios privados que de escuelas públicas.

Para el año académico que comienza en agosto de 2025, el 53% de los admitidos proviene de instituciones privadas, mientras que solo el 47% procede del sistema público.

Para el 2006, la realidad era otra: 6 de cada 10 estudiantes de primer año (59%) llegaban de escuelas públicas. La tendencia se ha invertido de forma constante en las últimas dos décadas, alimentando preocupaciones sobre el acceso a la principal institución pública de educación superior para jóvenes de sectores menos favorecidos.

Consultada por NotiCel, la gobernadora Jenniffer González Colón rechazó que la universidad esté cerrando sus puertas a estudiantes del sistema público y defendió que su administración impulsa medidas para ampliar la matrícula.

“La oferta va a cambiar, va a moverse a poder también atender carreras cortas, a atender la parte vocacional”, afirmó. Añadió que firmará legislación para establecer admisión automática para ciertos estudiantes y recordó que recientemente convirtió en ley otra medida que ordena a la Junta de Gobierno de la UPR a crear los procedimientos para recibir más solicitantes.

El dato llega en un momento de cambios internos y tensiones políticas en la UPR.

La recién electa presidenta, Zayira Jordán Conde, ha planteado que su plan de trabajo está alineado con el plan estratégico y el plan fiscal vigente hasta 2027, que incluye aumentos en matrícula, reformas administrativas, consolidación de oficinas y transformación del Recinto de Ciencias Médicas. Entre sus metas inmediatas están diversificar la oferta académica, ampliar los programas nocturnos y de educación a distancia para atraer a estudiantes dentro y fuera de Puerto Rico, así como optimizar procesos y buscar recursos externos mediante fondos dotales, subvenciones y alianzas público-privadas para atender problemas de infraestructura y vivienda.

Sin embargo, su designación ha generado rechazo entre sectores de la comunidad universitaria. La Confederación Estudiantil Nacional (CEN) criticó que la nueva presidenta no cuenta con experiencia previa dentro del sistema UPR ni con el aval mayoritario de los senados académicos, y calificó el nombramiento como una “imposición política” alineada con la agenda de la gobernadora.

El colectivo denunció que se ignoró la voluntad expresada por los once recintos y exhortó a estudiantes, docentes, personal no docente y exalumnos a “tomar acción ante este atropello a la autonomía universitaria”.

Aunque González asegura que las medidas legislativas que impulsa “van a ayudar a la Universidad a poder abrir su matrícula”, el cambio en el perfil del estudiantado y el clima interno en la institución reflejan que el reto va más allá de aumentar números: se trata de garantizar que los graduados del sistema público tengan oportunidades reales y equitativas de ingreso frente a sus pares del sector privado, en un contexto de transformación estructural y desconfianza en la gobernanza universitaria.

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