La exsenadora Maritere González López enfrentó hoy su cuarto día de vista preliminar por cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y traspaso de documentos públicos.

Durante la vista se culminó el testimonio del otrora recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, quien inició su testimonio la semana pasada, pero fue interrumpido por un apagón que interrumpió labores en el tribunal de San Juan. Además testificó el auditor de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Juan Antonio Báez Santiago, quien estuvo a cargo de los informes radicados por la entonces senadora.

Durante el contrainterrogatorio del Fiscal Especial Independiente (FEI), Ramón Mendoza, Hernández indicó que emitió un pago de $2,000 a la empresa Brothers Printing para saldar la deuda que tenían con González durante la campaña. El pago se hizo en efectivo en una reunión en Aguadilla, pero a preguntas de Yuseph Lamboy, abogado de González, Hernández insistió que no recodaba dónde fue la reunión ni quien lo acompañó.

Posteriormente, el ministerio púbico llamó a Báez Santiago y lo confrontó con los informes financieros de la exsenadora para los años 2012, 2013, 2014, y 2015. Trascendió que en todos los informes se le envió una notificación de requerimiento de información por falta de información en algunos casos, y en otra para aclarar.

Del primer informe entregado, correspondiente al 2012, se le requirió enmiendas para aclarar su fuente de ingresos, los detalles sobre el arrendamiento de su residencia alquilada e información adicional sobre un prestamo personal procedente de la Cooperativa de Ahorro y Credito de Aguadilla. En las enmiendas se aclaró que el arrendador de su residencia alquilada en la urbanización Lamela en Isabela fue el doctor Rolando Jimenez con un pago anual de $9,600, mientras que sobre la deuda con la cooperativa indicó que estaba en proceso de negociar para llegar a un plan de pago.

Aunque se le requirió información adicional sobre la deuda con la cooperativa en los años subsiguientes, la exsenadora señaló en los informes que aun estaba en proceso de negociar esa deuda. Eso cambió en el informe correspondiente al 2015 en el que González indicó, mediante enmienda al informe de ese año, que su hermano, Carlos Benítez López, negoció con la cooperativa y emitió un pago de $20,000 que primero fue reportado como un donativo y posteriormente aclarado como una deuda a su hermano.

Mientras que en el informe del 2014, el fiscal Mendoza resaltó una discrepancia en el informe, pues aunque precisó el pago por el alquiler de su residencia principal - que en ese año lo reportó en $12,000 - en el encasillado de dirección anotó otra dirección correspondiente al condominio Brisas del Mar en Aguadilla. Además, reportó otro gasto de alquiler por un apartamento en San Juan, arrendado a Miguel Rodríguez por $5,640.

A su salida del tribunal el fiscal Mendoza sostuvo que los planteamientos hechos en torno el alquiler de las residencias forman parte de los elementos relacionados a los cargos presentados y que ya han sometido la prueba para certificarlo. 'La discusión sobre las propiedades es por información falsa dada a la OEG', sostuvo el FEI.

En cuanto a la deuda con la cooperativa, Mendoza sostuvo que más adelante en el caso vincularán esos datos con la intención criminal.

Por su parte, Lamboy criticó el testimonio de Hernández y señaló que el ministerio público todavia no ha logrado establecer intención criminal en el caso.

La vista preliminar se espera que concluya el próximo 26 de febrero.