La moción de los tenedores de bonos de Obligaciones para compeler a la Junta de Control Fiscal (JCF) y al gobierno local a producir los documentos que utilizaron para desarrollar el Plan Fiscal del gobierno fue denegada sin prejuicio el miercoles por la magistrada Judith Gail Dein.

Aunque Dein afirmó que la moción radicada por el grupo Ad Hoc de tenedores de Obligaciones Generales junto a Assured Guaranty Corp y Mutual Fund Group es prematura y las partes deberían llevar sus solicitudes de información a la mesa de mediación. No obstante, advirtió al gobierno que para que las partes puedan moverse adelante el gobierno debe estar dispuesto a proveer más de lo que quiere y los acreedores deben estar dispuestos a recibir menos de lo que quieren.

El pedido de los bonistas consistía en 71 requerimientos de distintos documentos dirigidos al gobierno y a la JCF. Estos se hicieron a finales de agosto, aunque el abogado de los bonistas de Obligaciones Generales, Gary Orseck, insistió que el pedido de información se había hecho desde hace seis meses y aún no habían respondido.

Aunque varios bonistas envueltos en los procedimientos de Título III mantienen procedimientos confidenciales de mediación, supervisados por la jueza Barbara Houser, Orseck insistió que la información solicitada tampoco ha sido provista por esta vía. Esto a pesar que los procedimientos de mediación cuentan con un 'data room' en el que el gobierno ha divulgado información confidencial sobre las finanzas del estado.

Orseck señaló que solo han tenido acceso a generalidades y por tanto optaron por elevar el asunto a la atención de la jueza a cargo de los casos de Título III, Laura Taylor Swain, pues la jueza Houser no tiene la autoridad para obligar la producción de documentos como jefa mediadora. Por su parte la abogada Ellen Halstead, en representación de Assured Guaranty Corp, reafirmó que no se hubiesen unido a este pedido de descubrimiento si la información estuviese en el 'data room' de los procedimientos de mediación, que indicó carece de información financiera suficiente.

La solicitud de los bonistas busca aclarar los parámetros implantados para aprobar el Plan Fiscal para garantizar transparencia en los procedimientos y arrojar luz sobre los procesos internos de la JCF. Sin embargo, para los abogados de la Junta, representados por la firma Proskauer Rose, el propósito de la investigación solicitada realmente es retar el Plan Fiscal y por consiguiente retar la certificación hecha por la Junta.

El abogado de la Junta, Paul Possinger, declaró que la información solicitada ya no es valida debido a que ahora se está desarrollando un Plan Fiscal nuevo, para responder a la realidad post huracán María. No obstante, insistió que su cliente no busca evitar un proceso de descubrimiento, pero debido al estado de emergencia en el que se encuentra el gobierno se han estirado los recursos de ellos y del gobierno y lo que produzcan no será de mucha utilidad para este caso.

Con la decisión de la jueza Dein, los grupos de bonistas deben regresar a atender sus preocupaciones en la mesa de mediación, aunque indicó que estará dispuesta a atender toda moción subsecuente sobre la producción de documentos, siempre y cuando sean bien dirigidas y precisas.