Gladys Alberti Torres y Jamilette Ramírez Sánchez, ambas acusadas por el Departamento de Justicia (DJ) por su complicidad en el esquema de facturas fraudulentas emitidas a contratistas de la Superintendencia del Capitolio, recibieron hoy jueves sentencias suspendidas por la juez Wanda Cruz Ayala.

Ambas acusadas llegaron a un acuerdo transaccional con el Ministerio Público que conllevaba el pago de una restitución en agosto del 2017. Alberti Torres, recibió una pena de dos años en probatoria más una pena especial de $600 a ser pagada en comprobantes de rentas internas y una restitución de $3,600, de la cual pagó $1,500 luego de la orden de la juez.

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Por su parte, Ramírez Sánchez tambien recibió una sentencia suspendida. En su caso correspondiente a 6 años más una pena especial de $900 a ser pagada en comprobantes de rentas internas y una restitución de $4,100, de la cual tambien pagó $1,500 el mismo día.

Ambas acusadas enfrentaban cargos por apropiación ilegal de fondos públicos, omisión en el cumplimento del deber y aprovechamiento ilícito.

Hector Serrano Ramos, defensor legal Alberti Torres, sostuvo que su cliente entiende que la sentencia fue una justa pues su deseo era terminar esta etapa de su vida. 'Independientemente de lo que pase en el futuro con todo el caso esto, es lo más conveniente para la salud espiritual y mental de ella. Ella misma pidió salir de este proceso para adelantar su vida y fue la decisión que se tomó a hacer la alegación como está', declaró Serrano Ramos a este medio.

Mientras que el abogado de Ramírez Sánchez, el licenciado Roberto Alonso, sostuvo que el procedimiento fue uno extenso y la alternativa a la que se acogió su cliente suponía ser una manera de dar por terminado el caso en su contra. Alonso tambien se mostró satisfecho y señaló que de exponer su cliente al juicio en su fondo podría resultar en un desenlace poco favorable para su cliente

'Todo el que se expone a una vista judicial, indistintamente si es inocente o culpable o cuan responsable pueda ser o no de los hechos que se disputan, tiene que pensar de forma inteligente en las consecuencias del pliego que asume. Y aquí, en las consecuencias del riesgo que se asumía ella entendió que si se desviaba mediante un acuerdo de probatoria pues se sentía mejor y eso es lo que hemos hecho', sostuvo Alonso.

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Por su parte, la fiscal Wilda Nin Pacheco afirmó estar satisfecha con el acuerdo al que llegó con las acusadas quien aclaró que ambas aún se exponen a cumplir su sentencia en cárcel de incumplir con el pago de la restitución o los terminos de su sentencia. No obstante, sostuvo que dentro el macro del caso ambas imputadas fueron las que menor participación tuvieron en los hechos alegados.

Las acusaciones contra Alberti Torres y Ramírez Sánchez se remontan a agosto del 2014 cuándo el entonces secretario del DJ, Cesar Miranda, anunció las acusaciones que tomaron como base un informe de la Oficina del Contralor que reveló una serie de irregularidades en el desembolso de fondos públicos en la Superintendencia del Capitolio entre el 2010 y el 2012. Según el Ministerio Público, unos $2.9 millones en fondos públicos se desviaron para el lucro de los involucrados.

Los señalamientos pesan contra el contratista Edil Danois Román y su esposa Eliena Cuervo Sierra, quienes alegadamente falsificaron documentos de dos compañías de construcción que enviaban cotizaciones falsas para dar la impresión de competencia en la subasta convocada para la remodelación de oficinas en el Capitolio y otras instalaciones.

El juicio en su fondo contra Danois Román, Cuervo Sierra, Alex Martínez Morales y Juan Carlos Acosta comenzará el próximo 26 de febrero.