La investigación realizada por el Departamento de Justicia (DJ) sobre el controversial chat de WhatsApp parece tener más lagunas que aclaraciones en el procedimiento y recopilación de evidencia, a juzgar por los resultados.

A la decisión de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que no encontró prueba robusta para sustentar la radicación de cargos contra las decenas de participantes del chat político; se añade que tampoco prosperó el referido de Justicia para que el Tribunal Supremo evalúe posibles violaciones eticas en el ejercicio de la profesión de los abogados que interactuaron con el juez Rafael Ramos Sáenz en los chats políticos.

El referido de la investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia fue devuelto por el Comite de Disciplina de la Oficina a la Administración de Tribunales (OAT) porque no se hizo correctamente al no especificar las imputaciones de posible conducta impropia de los letrados.

A casi cinco meses del referido original, el Comite de Disciplina del Tribunal Supremo no ha iniciado el proceso de evaluar las imputaciones eticas porque Justicia no ha reenviado la evidencia con las alegaciones específicas juramentadas como dispone el reglamento del Tribunal Supremo para la radicación de quejas y procedimientos disciplinarios contra abogados. Según la Regla 14 no se atenderán quejas 'sin jurar o carente de suficiente especificación de los hechos en que se funde'.

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'En cuanto al referido del Departamento de Justicia sobre la conducta de varios abogados, el Tribunal Supremo determinó que la comunicación enviada al respecto no contenía información documental y testifical esencial para evaluar las alegaciones, según lo requiere la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo. El referido no ha sido suplementado con dicha información, la que al presente forma parte del sumario de investigación de la Oficina del FEI, el cual es confidencial. Cualquier proceso ulterior supone la obtención de dicha información', confirmó a NotiCel el portavoz de la OAT, Daniel Rodríguez.

Justicia había referido al menos a 15 abogados que, según la pesquisa preliminar, de alguna manera interactuaron en los 'chat' 'Coffee Break' y/o Estructura Gerencial. De estos se destacó la participación y promoción de las conversaciones de siete abogados que interactuaron directamente con Ramos Sáenz mientras fungía como juez municipal y presidía la Comisión Local 037 de Moca y mientras participaban activamente para el movimiento político 'Plan para Puerto Rico'.

El portavoz de OAT añadió que desde el pasado 22 de mayo, el procedimiento sobre la conducta profesional de Ramos Sáenz en el más alto foro judicial se encuentra paralizado a petición de su representación legal. 'La Comisión de Disciplina Judicial emitió una Resolución mediante la cual paralizó el proceso disciplinario hasta que el PFEI concluya su proceso', dijo Rodríguez al respecto.

Los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza e Iris Martínez presentarán más de 15 denuncias contra Ramos Sáenz en las próximas horas, tras determinar que no se encontró evidencia que sustenten cargos criminales contra el resto de los participantes del grupo político. La presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives sostiene que la investigación preliminar de Justicia solo refería al expresidente del CEE.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de PR, Edgardo Román se mostró sorprendido y preocupado por el manejo de la investigación preliminar de Justicia en el caso de los abogados referidos para procedimientos disciplinarios. Sostuvo que no cabe duda que si el Supremo los devolvió se debe a que Justicia no cumplió con la normativa existente.

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'Me preocupa la falta de claridad en terminos del manejo del referido al Tribunal Supremo en la medida que el referido al Supremo pudiera estar incompleto. Si fue devuelto denota un mal manejo de ese referido', expuso Román.

De igual forma, dijo que en el referido al PFEI tambien le sorprende y preocupa que no se haya tratado a todos con el mismo rigor, en referencia a que el referido formal de Justicia haya sido para el exjuez y no sobre todos los que participaron y pudieron haber cometido delitos según la investigación preliminar. Al respecto, aseguró que es no es la norma.

'No es la norma, me sorprende mucho por sus expresiones de insatisfacción de la secretaria (por decisión del PFEI). Me parece que hay algo extraño en el manejo del referido para una investigación de naturaleza penal en relación con las personas que participaron del grupo de WhatsApp. Le corresponde a la secretaria de justicia clarificar que con toda la información necesaria su desempeño ha sido conforme a derecho…', sostuvo.

Según la investigación el exjuez Ramos Sáenz compartió información privilegiada relacionada a su puesto, brindó información sobre casos que acababa de adjudicar y participó de actividades político-partidistas.

Asimismo, se le imputa haberse comunicado con funcionarios para que lo ayudaran en su nombramiento, publicar información relacionada a su función electoral, entre otros, todo con la finalidad de obtener beneficios personales.