El mecanismo de paralización de litigios (stay), contenido en la ley PROMESA para proteger al Gobierno de Puerto Rico de reclamaciones, se ha convertido en una muralla que impide la resolución de demandas que reclaman compensación por violación a los derechos civiles.

Abogados han comenzado a identificar un patrón y en la medida que se continúen paralizando estas causas de acción contra el estado, sirve como disuasivo a presentar demandas contra el gobierno si los tribunales optan por continuar, sin razonamientos adicionales, suspendiendo casos de derechos civiles a la luz de la quiebra del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades.

Esto resulta ser aún más desconcertante si se tratan de casos de abuso policiaco.

'En el momento en que un ciudadano es víctima de violaciones de derechos civiles en la calle y pongo de ejemplo los eventos del primero de mayo. Pueden ser otros casos, como casos de uso excesivo de fuerza en un incidente durante un arresto, casos donde una persona resulta lesionada o incluso muerta, todos estos casos se verían con el inconveniente de que eventualmente se van a paralizar. Una vez tú los presentas en la corte federal se están paralizando', explicó el licenciado Fermín Arraiza, director legal de la Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU por sus siglas en ingles).

Según datos de la Policía de Puerto Rico, recopilada por la organización Kilómetro 0, hasta septiembre del 2018 fallecieron 19 personas por uso de fuerza, mientras que entre julio del 2017 y junio del 2018 se reportaron 239 incidente donde ciudadanos resultaron lesionados por la policía.

El uso del stay en casos de derechos civiles se vio a pocos meses despues de convertirse en ley PROMESA mediante una demanda ante el foro local contra el Departamento de Educación (DE) para reclamar pago de honorarios a abogados que llevan casos contra esa agencia en representación de familias de escasos recursos. La paralización fue impuesta a pesar que el pago de los honorarios reclamados provenía de fondos federales previamente asignados para ese propósito.

Más reciente, el asunto ha ascendido hasta el hasta el foro apelativo federal, donde el argumento de la quiebra de Puerto Rico se ha empleado para paralizar un caso de derechos civiles. Según indicó a NotiCel el abogado Carlos Del Valle Cruz, el caso Pabón Ortega v Llompart Zeno y Steidel Figueroa, un caso que reclama compensación por violación a la libertad de expresión de un exempleado de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), ha sido empleado en la Corte de Distrito federal de Puerto Rico para declarar casos de derechos civiles sin jurisdicción en ese foro.

En el caso de Pabón Ortega, manejado por Del Valle Cruz, a su vez ha sido empleado en el Primer Circuito Apelativo como base para paralizar una demanda de derechos civiles, suspendiendo indefinidamente la resolución del caso. Según reza una escrito de Certiorari que Del Valle Cruz presentó ante el Tribunal Supremo federal para solicitar una segunda vista al caso de Pabón Ortega, al imponer el 'stay' los jueces del apelativo se han limitado a escribir en sus decisiones: 'En vista de la petición para reestructurar sus deudas, radicada por el gobierno de Puerto Rico, esta apelación se paraliza'.

'La aplicación del 'automatic stay', de la suspensión de estos casos, quiere decir que no hay incentivo para demandar a los violadores de los derechos civiles dentro de la jerarquía de la Policía ni dentro del componente del ejecutivo que viola derechos civiles en, por ejemplo, casos de discrimen político. Es una protección para el gobierno que está en poder en estos momentos', explicó el abogado a NotiCel.

'La consecuencia es que hay una suspensión total de derechos civiles sin ningún razonamiento o explicación judicial', añadió.

Aunque Del Valle Cruz solicitó estadísticas que demuestren la cantidad de casos de derechos civiles que han sido suspendidos bajo el fundamento de PROMESA, el Apelativo denegó su solicitud. No obstante, el abogado señaló que la modalidad de seguir paralizando estos pleitos atenta directamente contra el cumplimiento de la reforma policiaca en la medida que no se puedan resolver, resultando en un potencial incumplimiento con la reforma.

En el caso de la ACLU, Arraiza indicó que todos los casos de derechos civiles que tienen pendientes ante la corte federal han sido paralizados.

Peligros de aplicar disposiciones de quiebra a un gobierno entero

El problema yace con el referente estatutario de PROMESA, el Código de Quiebras federal, el cual se diseñó para atender quiebras de empresas privadas, individuos e instrumentalidades gubernamentales. PROMESA, en tanto, fue creada para atender la quiebra de un gobierno entero, pero con los mismos estándares que una quiebra individual, de empresa privada o una instrumentalidad, lo que implica que las obligaciones constitucionales de un gobierno podrían comprometerse en el proceso.

'Nosotros entendemos que de la forma en que está siendo aplicada la ley, la ley es inconstitucional en cuanto a su aplicación. Habría que ver si cabe otra interpretación que le permita a la Junta de Supervisión Fiscal atender el problema de la deuda del país sin necesidad de afectar los derechos civiles de los ciudadanos', expresó Arraiza.

El concepto de prioridad de pagos entre acreedores que PROMESA adopta del Código de Quiebras tambien tendría sus consecuencias sobre restituciones reclamadas ante el gobierno por violaciones a derechos civiles. Aunque aquellas reclamaciones ordenadas por las cortes antes de la puesta en vigor de PROMESA deberían estar protegidas, las reclamaciones hechas posteriormente podrían modificarse de forma que no se impongan sobre los reclamos de acreedores.

'No cabe duda de que aquí el Tribunal Federal y el gobierno de Estados Unidos están poniendo a los bonistas y los acreedores que tienen que ver con la deuda mayor como acreedores prioritarios dentro todo este proceso y en ese sentido sí se van a ver afectados', sostuvo el director legal de la ACLU.