A poco menos de un año de los sucesos, el juez Rafael Taboas Dávila del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó no causa para juicio contra los hermanos Alfonso y Angelica Questell Ortiz, así como Manfred A. Perez Caldera y Gabriel González Melendez, quienes fueron detenidos el 1 de mayo de 2018.

Tras la determinación de no causa, el fiscal Ángel Luis García Rodríguez adelantó que iría en alzada contra los jóvenes.

Los hermanos Questell Ortiz fueron arrestados en su residencia luego que más de una decena de agentes llegara hasta la comunidad Santa Rita, en Río Piedras, tras dispersar una manifestación con gases lacrimógenos originada en la zona bancaria de Hato Rey. En ese período, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Hector Pesquera, estuvo al mando de la logística del evento junto al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera.

Alfonso fue arrestado tras una aparente persecución captada en video, mientras Angelica sufrió una herida en su cabeza, atribuida al uso de fuerza en su contra. Perez Caldera, por su parte, tambien fue arrestado en Río Piedras. Mientras, González Melendez fue perseguido por la unidad motorizada hasta que fue pillado frente a la casa de los hermanos Questell Ortiz.

A los jóvenes, entre ellos militantes de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se les atribuyeron violaciones a los Artículos 245 y 246 del Código Penal, empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública y resistencia u obstrucción a la autoridad pública.

'Estos jóvenes estaban literalmente en su casa. Al día de hoy, ni los agentes, ni la fiscalía ni la Secretaria de Justicia que intervino con un comunicado de prensa en este asunto, nadie sabe que puede haber motivado los arrestos, no se ha podido justificar por que cientos de agentes fueron instruidos a que llegaran a un rincón de Santa Rita a arrestar a estos muchachos', denunció la excandidata a la gobernación por el PIP, María de Lourdes Santiago Negrón.

De acuerdo a la tambien exsenadora, el caso de los jóvenes es un ejemplo de la represión política promulgada por el Estado y un intento para desmotivar a futuros participantes del Paro Nacional.

'Aquí lo que se persigue es que quien se atreva decir presente un primero de mayo, quien se atreva a formar parte de un partido como el Partido Independentista Puertorriqueño tiene que pagar un precio, por eso tenemos que renovar nuestros deseos de lucha y este primero de mayo volver a la calle', exclamó Santiago Negrón a traves de un vídeo en vivo.

El caso judicial contra los jóvenes estuvo lleno de tropiezos y posposiciones desde sus inicios. En la vista de Regla 6, por ejemplo, no compareció ningún testigo por parte de la Policía, más allá del agente Luis Ruiz Romero, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) quien estuvo a cargo de la pesquisa. Posteriormente, al encontrárseles causa para arresto en esa etapa, la excandidata Santiago Negrón señaló que el procedimiento se logró mediante declaraciones juradas.

La representación legal de Perez Caldera estuvo a cargo de Carolina Zambrana de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), mientras que de los hermanos Questell Ortiz, Hugo Rodríguez representó a Alfonso, y María Soledad Sáez, tambien de SAL, a Angelica.

La defensa de González Melendez estuvo a cargo de Marcelino Ruiz.

La determinación de no causa se da a menos de una semana del 1 de mayo de 2019, fecha para la cual han habido convocatorias para manifestaciones en lugares como la Milla de Oro, en Hato Rey, y en el Capitolio, en el Viejo San Juan.