Mientras la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) disputa la validez de las estadísticas que emite la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) sobre las ejecuciones hipotecarias, trasciende que más de 1,400 casos de ejecuciones se han procesado en el Tribunal Federal.

Según reveló el director de la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ricardo Ramos, mientras en el 2014 se reportaron solo 48 casos de ejecuciones en ese foro, este año la cifra se ha disparado a los 1,400. 'Esas ejecuciones que surgen de los prestamos vendidos o de los prestamos que se ejecutan en el Tribunal Federal no están en la estadística de la OCIF', expresó.

Por su parte, el Comisionado de la OCIF, George Joyner, se reafirmó en que la data de su agencia sobre las hipotecas ejecutadas es fiel a la verdad y añadió que la OCIF ha participado en esfuerzos dirigidos a facilitar acceso a la justicia a personas en medio de un proceso de ejecución. No obstante, aunque admitió que hay procesos de ejecución hipotecaria que se han llevado al Tribunal Federal, sostuvo que hay muchas variables envueltas en el proceso de auscultar las cifras sobre los procesos de ejecuciones, por lo que se mostró dispuesto a corroborar esos detalles con ALPR.

'Tendría que mirar y dar el detalle de que es lo que ellos están mirando, cuál es su metodología como ellos están contando las ejecuciones, no todas las propiedades que entran al proceso de mitigación de riesgos terminan en ejecuciones', manifestó el Comisionado.

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ALPR estima que unas 250,260 viviendas están en riesgo de ejecución hipotecaria, lo que catalogaron como una venidera emergencia nacional que podría afectar a sobre 750,000 personas. Sin embargo, resaltaron que la data oficial que recopila la OCIF contrasta con esa aseveración pues muchos casos de hipotecas ejecutadas se traspasan de la banca local a entidades financieras estadounidenses que no están obligadas a rendir información a la agencia.

El detalle yace en la venta de carteras de hipotecas en mora o en delincuencia de la banca local a instituciones estadounidenses. Al llevarse a cabo ese traspaso a instituciones fuera de la jurisdicción de la OCIF, la data relevante sobre hipotecas en mora o en proceso de ejecución no se registra y por tanto desaparece.

Ramos explicó que lo mismo ocurre cuando una institución lleva la hipoteca al tribunal. En los registros de la OCIF, esto se refleja como un descenso en la cifra de ejecuciones y de hipotecas en mora, pero en la práctica la hipoteca continua en mora o en proceso de ejecución.

Para ver el Protocolo de primeros auxilios para ejecuciones de hipotecas de Ayuda Legal Puerto Rico, pulse aquí.

'Eso es una merma artificial pues OCIF no incluye los prestamos vendidos o presentados ante el tribunal de quiebra, ni las subastas o hipotecas revertidas, conocidas como 'reverse mortgage'', sostuvo Ramos.

Aunque el Comisionado de la OCIF reconoció que se aproxima un aumento en la cifra de ejecuciones hipotecarias cuyos procesos se paralizaron por las moratorias impuestas por la banca durante la emergencia del huracán María, se mostró cauteloso antes los señalamientos hechos por ALPR. En ese sentido, no acogió el señalamiento hecho por la organización sobre una emergencia nacional venidera que pondría en riesgo de ejecución a unas 250,260 viviendas.

'No. En mi opinión no. Yo sí creo que hay un 'back log', un acervo de casos que estaban en atraso antes de María que estaban ya y que no se pudieron atender durante el trascurso de la emergencia y hasta mediados del año pasado que el sistema judicial… no es capaz de procesar un volumen ilimitado de ejecuciones en un mes', indicó Joyner a NotiCel.

Aun así, para la Coordinadora del portal derechoatucasa.org, Verónica Rivera, la calidad de las cifras de la OCIF son esenciales para determinar el verdadero alcance del problema para así dirigir los mecanismos del estado a una solución.

'Si las estadísticas no están correctas y no atienden la realidad de que le falta información de que son más las hipotecas que están en proceso de ejecución o más las personas que están en riesgo, obviamente las políticas públicas que van de la mano para atajar la situación se quedan cortar porque no están enfocándose en una base científica de la data correcta', manifestó Rivera.