A la vez que se multiplican las confirmaciones de distintos sindicatos y grupos de empleados públicos que entablan sus propias negociaciones con la Junta de Control Fiscal (JCF) en búsqueda de garantías para el pago de sus pensiones, un grupo de empleados se ha mantenido en la postura de cero recortes.

Se trata de los jueces quienes, a traves de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) han mantenido la postura formal de que sus pensiones no pueden ser afectadas de ninguna manera porque sería un atentado contra lo que argumentan es la 'independencia judicial'.

Tan reciente como el jueves pasado, la APJ compareció ante la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso de quiebras del gobierno de Puerto Rico, para reiterar su postura y suplementar sus argumentos con un informe de la American College of Trial Attorneys de marzo pasado.

El documento no tiene referencia a cómo un recorte de pensiones en el contexto de quiebra gubernamental atentaría contra la independencia judicial, pero sí argumenta que la falta de aumentos de sueldo que mantengan la compensación de los magistrados a la par con la inflación es una afrenta a la independencia judicial.

Los jueces van a tener oportunidad este miercoles de argumentarle a la jueza Taylor Swain que se permita la continuación de una demanda que sometieron en 2017, y que está detenida desde fines de 2018, para que se les permita dilucidar lo que entienden debe ser el trato a sus pensiones en el proceso de quiebras. Ya la JCF ha comparecido a oponerse porque entienden que la discusión de las pensiones en la quiebra del gobierno es un tema que afecta a muchos sectores y que no se debe permitir que un grupo de empleados lo discuta mediante un recurso privado contra la Junta.

Para la moción de la APJ, pulse aquí: