El Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA en ingles) desarrollado entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) con grupos de acreedores de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), carece de suficientes hechos e información como para que la corte de Título III pueda avalarlo, sentenció la jueza Laura Taylor Swain.

Durante la vista ómnibus celebrada en el Tribunal Federal de Hato Rey, Swain expresó que la moción radicada para aprobar el RSA de la AEE carece de un análisis legal que apoye la solicitud para aprobar el acuerdo, no delinea el alcance de lo que se discutirá en una vista de confirmación de ese acuerdo y no explica la razón para asumir los costos administrativos de los bonistas.

Sostuvo además que la moción para aprobar el acuerdo no ilustra claramente la razón para que la corte apruebe el acuerdo con la información contenida. Ante este panorama, Swain ordenó que las partes sometan para el próximo lunes un informe que suplemente todos los detalles informativos y en derecho para apoyar el acuerdo y que se reúnan con las partes opositoras para cuadrar el alcance que tendrá la vista para aprobar el plan, para así evitar abultar la vista de testimonios y otros pedidos de información que puedan atrasar el proceso.

El pedido de Swain responde a su intensión de estrictamente evaluar si el acuerdo cumple con los requisitos mínimos para establecer que el acuerdo es razonable. Sostuvo que lo que sometió la JCF y el gobierno se limita a pintar el acuerdo como un compromiso alcanzado con bonistas que en un momento estaban desacuerdo sobre los terminos.

Sostuvo además que la moción para aprobar el plan no especifica si el acuerdo requiere intervención legislativa o regulatoria para ejecutarse.

El RSA de la AEE fue negociado con los acreedores que forman parte del Grupo Ad-Hoc de bonistas de la AEE y con la aseguradora Assured Guaranty. A partir de julio de este año, el acuerdo dispone que la tarifa de la corporación pública aumentaría por un centavo por concepto de un cargo de transacción y a partir del primer semestre del próximo año aumentaría nuevamente por dos centavos por concepto de transición.

Bajo el propuesto acuerdo, explicó el abogado de la JCF, Martin Bienenstock, los bonistas que tenían un reclamo contra la AEE para recobrar toda su acreencia acceden a reducir su reclamo a un 67% del total que le corresponde. Adicional, pactaron tambien sufragar gastos administrativos por la negociación.

En ese sentido, Bienestock insistió que el propósito de la moción para aprobar el RSA es para obligar a ese grupo de bonistas a honrar el acuerdo de cara al desarrollo de un plan de ajuste y evitar que su postura cambie en ese proceso.

La vista para confirmar el RSA se celebrará durante la próxima vista ómnibus, el 24 de julio.

AMPR logra acuerdo para pago de licencias de enfermedad a maestros

Durante la vista de hoy el representante legal de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Jose Luis Barrios, anunció a la jueza Swain que lograron un acuerdo con la JCF para resolver el pago no efectuado de licencias por enfermedad acumuladas, controversia que ha estado pendiente ante la corte de Título III desde el año pasado.

Según explicó Barrios, lo único que queda pendiente para dar paso al pago de licencias de enfermedad en atraso es la ratificación de un acuerdo con el gobierno para implementar el mecanismo de pago. No obstante, el licenciado Friedman indicó que aún no contaba con la autorización del gobierno para entrar en tal acuerdo, por lo que el asunto se pospuso para la próximo vista ómnibus de julio.

Por otra parte, el reclamo de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) fue expuesto hoy ante la jueza Swain. En síntesis, el abogado de la APJ, David Indiano, argumentó que el acuerdo alcanzado con el Comite Oficial de Retirados aun dispone que las pensiones de los jueces serán objeto de un recorte de 8.5%.

En escritos ante la corte, la APJ sostiene que los recortes propuestos por la JCF no son compatibles con la doctrina de independencia judicial y están protegidas por la constitución de Puerto Rico. En cambio, Bienenstock argumentó durante la vista que la ley PROMESA supera las prioridades establecidas por otras leyes federales y cualquier intento para oponerse a un recorte en sus pensiones debería ser objeto de negociación con otros grupos de jubilados que tambien se exponen a un recorte.

Swain no emitió determinación alguna respecto el reclamo de la APJ y en vez tomó el asunto bajo consideración.