El pre-acuerdo al que llegó el Comite Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal (JCF) para el eventual recorte a las pensiones crea una Junta de Pensionados para asegurarse que el Gobierno de Puerto Rico cumpla con el pago a los jubilados.

El ente le quitaría de las manos al Gobierno toda jurisdicción sobre el dinero de retiro de los empleados públicos. 'Es para garantizar el pago de las pensiones en años subsiguientes. Precisamente, para tener eso bajo el control de los propios pensionados', explicó a NotiCel el exjuez Manuel J. Fabre, presidente del COR.

La Junta de Pensionados estaría compuesta por jubilados que tendrán a su cargo administrar el Fondo de Reserva que se nutrirá de $175 millones anuales que el Gobierno tendrá que separar para garantizar la continuidad en el pago de las pensiones en caso de una emergencia o de insolvencia.

De acuerdo a Fabre, este Fondo de Reserva será una especie de fideicomiso bajo el control de los pensionados sin inherencia del Gobierno con el propósito de que su uso sea en el mejor interes de esa clase. 'Conforme al análisis de los libros nuestros, nos indican que puede ocurrir en un momento dado, que el Gobierno pueda carecer de liquidez para el pago (de las pensiones). Ante esa situación, el Fondo estaría ahí para eso, para garantizar que sí haya dinero', sostuvo el Presidente del COR.

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Los miembros de la Junta, que serán elegidos por los jubilados, podrán requerir informes financieros anuales al Estado para garantizar que, de haber sobrantes o exceso de recaudos en un año fiscal, se les pasen esos beneficios a los retirados.

El pre-acuerdo del COR estaría contenido en el Plan de Ajustes que someterá la JCF a la jueza Laura Taylor Swain en el caso de quiebra bajo Título III de PROMESA y deberá ser ratificado por los acreedores, incluyendo los pensionados.

El Comite acordó con la Junta un recorte de hasta 8.5% al mes para todos los jubilados que reciben más de $1,200 mensuales en su pensión, incluyendo en ese cómputo los bonos de Navidad, verano y medicamentos. No obstante, exime del cálculo lo que reciben del Seguro Social y asegura la aportación del Gobierno para el plan de seguro medico.

El recorte entraría en vigor no más temprano del 1ro de julio de 2020 o seis meses despues de que la Jueza apruebe el Plan de Ajuste sometido por la Junta. De ser aprobado, cubriría prácticamente a todos los pensionados públicos excepto a los de la Autoridad de Energía Electrica (AEE).