A horas de que se conociera que la Junta de Control Fiscal (JCF) llegó a un acuerdo con el Comite Oficial de Retirados (COR) para el recorte de las pensiones de los jubilados del Gobierno de Puerto Rico, el organismo instaurado por la Ley federal PROMESA informó que en 30 días someterá el Plan de Ajuste de Deudas a la jueza Laura Taylor Swain.

Todo parece indicar que la Junta se puso los patines para acelerar el proceso mediante el cual PROMESA le da la autoridad de negociar con los acreedores para reestructurar la forma en que se pagarán las deudas, mientras se agota el termino otorgado por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston para que el presidente Donald Trump someta los nombramientos de sus miembros al Senado federal para su confirmación.

El acuerdo con el COR para recortar hasta 8.5% de las pensiones mayores de $1,200, y los acuerdos entablados con las organizaciones sindicales Servidores Públicos Unidos (SPU) y la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) forman parte del plan de ajuste de deudas que tendrá que ser aprobado por la jueza Taylor Swain.

Pese a las críticas de empleados públicos, jubilados y la objeción de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, la JCF tiene la autoridad para entrar en dichos acuerdos, según dispone PROMESA. Así el caso, ¿que pasará con el pre-acuerdo y cuáles son los próximos pasos para la eventual aprobación de esas negociaciones?

La JCF está en proceso de coordinar una sesión de mediación en la que participarían todos aquellos grupos que todavía no han avalado el propuesto Plan de Ajuste. De no llegar a un acuerdo con estos grupos, la Junta puede someter su Plan de Ajuste, lo que obligaría a acatar los recortes que imponga el organismo.

La Junta sometería en los próximos 30 días el Plan de Ajuste que puede incluir muchas clases afectadas, desde bonistas, pensionados, contratistas, empleados públicos que no han recibido pago del Gobierno. El documento detallará que cantidad de dinero se pagará a cada uno de los acreedores.

La Junta Fiscal deberá someter al Tribunal un 'disclosure statement' (Divulgación de las condiciones del Plan de Ajuste) que es un documento que explica en resumen y de forma clara los recortes. La jueza cita una vista y aprueba el documento.

El tribunal informa por correo de los acuerdos y envía una boleta de votación a cada uno de los acreedores. Para que el plan se apruebe el 51% debe votar a favor.

La jueza tiene la discreción de imponer el Plan de Ajuste si una de las clases afectadas vota a favor, aunque otras no la hayan aceptado.

De aprobarse el Plan de Ajuste de deudas este año, el recorte a los pensionados entraría en vigor el 1ro de julio de 2020. Si se aprueba el próximo, el acuerdo con el COR dispone que se dará un termino de seis meses desde la fecha de la aprobación del Plan de Ajuste para que entre en vigor el recorte a las pensiones.