Tras anunciar anoche que lograron un acuerdo con una fracción de bonistas de Obligaciones Generales y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Junta de Control Fiscal (JCF) pretende llevar el plan de ajuste de deudas del gobierno central directamente a la jueza Laura Taylor Swain para que sea aprobado sin antes pasar por la consideración del ejecutivo ni el legislativo.

Aún así, la JCF percibe esta coyuntura como un importante paso inicial que llevará al gobierno estatal fuera de la quiebra, con un acuerdo que proyecta recortar la deuda del gobierno central de $35,000 millones a $12,000 millones.

Según sostuvo Jaresko en rueda de prensa al mediodía del lunes, la posición de la Junta es que al presente no está claro si requieren legislación para aprobar un plan de ajuste para el gobierno central, una reestructuración que dictará el pago de las pensiones por las próximas décadas.

'Vamos a dejar que la corte de Título III determine eso y todavía tenemos que estructurar los bonos en cuestión para entender qué será y qué no será requerido. Así que dejaremos que la corte de Título III haga esa determinación al final', manifestó Jaresko.

A diferencia de las reestructuraciones de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante (COFINA), la Junta pretende aprobar un plan de ajuste de deuda sin antes procurar el aval del gobernador ni legislación para apoyar el cumplimiento de ese plan. A esos efectos, hasta la fecha la JCF ha ejecutado acuerdos sobre el manejo de pensiones con el Comité Oficial de Retirados (COR), el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU) y la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) -aunque una mayoría de los maestros rechazó ese acuerdo la semana pasada.

Las negociaciones que ha emprendido la JCF para alcanzar acuerdos relacionados al manejo de los recortes en las pensiones ha sido fuertemente rechazado por la administración de gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, quien asumió una postura inamovible en contra de cualquier recorte a las pensiones. Eso ha llevado a los funcionarios de la administración, en particular el presidente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega, a señalar públicamente que la JCF requiere elaborar un plan de ajuste con la participación y aprobación del gobierno local, particularmente para presentar legislación que apoye ese plan.

'La Junta de Supervisión, los acreedores y otras partes interesadas saben muy bien que sin la participación del Gobierno de Puerto Rico para promover legislación, acciones ejecutivas o acciones administrativas, ningún plan es factible, ningún acuerdo se puede ejecutar y ningún valor será mercadeable', expresó anoche Sobrino Vega en declaraciones escritas.

Cuestionada sobre cómo llevaría a cabo la reestructuración del gobierno central sin el apoyo del ejecutivo o el legislativo, Jaresko explicó que hay distintas maneras para emitir bonos reestructurados, pero eso todavía no se ha acordado con los acreedores que avalaron el acuerdo. No obstante, la directora ejecutiva enfatizó que en la publicidad que reciba el acuerdo invitará otros acreedores a la mesa para acogerse a los términos del plan alcanzado ayer.

En relación a las declaraciones del presidente de la AAFAF y su señalamiento de que la Junta no puede llevar a la corte un plan de ajuste sin el apoyo del gobierno local, Jaresko insistió que se trata de diferentes perspectivas legales sobre quién y cómo se puede presentar el plan de ajuste.